1. Retos actuales

Se ha hecho pública la creación de una comisión de diputados encargados de redactar un proyecto de reforma constitucional, que deberá tener en cuenta los principios de la democracia socialista cubana, y ser sometida a la más amplia consulta y posterior aprobación de la mayoría del pueblo, quien espera que se ratifiquen y amplíen las esencias humanistas y de justicia en la larga lucha revolucionaria por la emancipación del ser humano.

Nos encontramos en un punto en que debemos revisar nuestro arsenal teórico, pero también la práctica jurídica que acompaña al socialismo. Marx y Lenin le concedieron una gran importancia al Derecho, pero no formularon un análisis completo de su comportamiento en el socialismo; ambos tuvieron que combatir el parlamentarismo burgués y se prepararon para defender a los trabajadores frente a la tradición explotadora de la burguesía, y el tiempo no les alcanzó para más. En la deformación del socialismo por el estalinismo y sus secuelas, se abandonó el ejercicio del Derecho, que hubiera podido limitar los desenfrenos de Stalin, reproducidos por los pequeños zares de los territorios; se establecieron patrones esquemáticos basados en las peores interpretaciones del marxismo, de carácter reduccionista y dogmático.

En Cuba, desde mediados de los años 60, las relaciones entre el Estado y el Derecho se mantuvieron en una situación tensa, enrarecida y vinculada a prejuicios de variado pelaje, en medio de una guerra de agresiones económicas, comerciales, financieras, diplomáticas y militares. Durante los años 70 se ensayó una producción jurídica normativa, pero como estuvo muy apegada al sueño de que muy pronto llegaríamos al comunismo, el Derecho fue perdiendo importancia y hasta, en algún momento, se consideró innecesario su estudio; incluso, durante un año se cerró la carrera y se eliminaron asignaturas teóricas, cuestión típica de cuando se suponía que el dinero estaba a punto de desaparecer.

La legalidad relacionada con lo que hoy se conoce internacionalmente como Estado de Derecho fue señalada como una concepción “burguesa” y sustituida por el concepto de “legalidad socialista”. A pesar de ello, en el Artículo 10 de la Constitución de 1976, se enunciaba: “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”.

La burocracia no suele estar educada para ejercer derechos, sino para cumplir órdenes. La necesaria práctica de “gobierno provisional revolucionario” quedó subyacente como inercia cuando hubo Asamblea Nacional, Provincial y Municipal del Poder Popular a partir de 1976. No obstante el llamado constitucional a la limitación de competencias y al respeto al funcionamiento de la sociedad, frecuentemente se violaban normas en el ejercicio práctico de las funciones. Si bien se crearon mecanismos para regular y sancionar el cumplimiento de leyes, el Derecho se resintió en su legitimidad. El reconocimiento a la participación del pueblo no pocas veces se hizo formal, a pesar de la existencia de mecanismos para que no lo fuera, pues en el Artículo 69 de la Constitución vigente se expresa: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

El socialismo es por naturaleza popular y pluralista, y demanda como requisito primero la inclusión democrática; su dirección no puede quedar en manos de burócratas, pero al mismo tiempo ellos, que tienen un papel activo en el proceso de construcción socialista, deben tener derechos, siempre bajo el control popular. Hay una burocracia necesaria que debe defender los derechos del pueblo, especialmente de los más desfavorecidos; no hay que permitir que transnacionales y “nuevos ricos” manipulen a su favor las leyes, ni tampoco lo deben hacer unos cuantos burócratas que pueden transformarse en “nueva clase política”, mucho más peligrosa si entra en contubernio con los primeros.

El Derecho socialista en Cuba posee un papel regulador que debe rechazar la arbitrariedad para mantener su brújula hacia un mayor equilibrio entre justicia social e individual; su ejercicio continuado deberá contar con suficientes niveles de actualización para sincronizar con lo más revolucionario de hoy en el pensamiento jurídico del mundo, y especialmente de América Latina. Si nuestra Constitución de 1976 fue posiblemente la más avanzada de su época, al menos en relación con la región, hoy tiene puntos obsoletos y ha quedado atrás en algunos aspectos, incluso, en la región. Durante algún tiempo hemos quedado inmovilizados en muchos temas del Derecho y ha crecido la impunidad, y junto a ello, el delito de personas que tienen responsabilidades de todo tipo. Se han acumulado ilegalidades, muchas de ellas reconocidas y visibilizadas, y otras todavía ocultas. Algunas violaciones han alterado parte del orden social y otras avanzan silenciosamente para constituir nuestra principal contrarrevolución. Esto ha sido reconocido por el primer secretario del Partido, Raúl Castro.

Se requiere de un complejo programa combinado de acciones persuasivas y un papel más activo de los medios, que no acaban de transparentar con eficacia la vida cotidiana de los cubanos. Este sistema debe incluir la dimensión educativa, y la punitiva, para actuar con apego a leyes, algunas de las cuales ni siquiera habría que modificar o reformular, sino solo hacerlas cumplir.

Una diversidad de problemas son realidades cotidianas en que no se siente el peso de la ley y se da pie a situaciones injustas: trámites demorados con evidente intencionalidad para perjudicar al demandante y obtener beneficios para su posible aceleración, fallos corruptos enmascarados en directivas empresariales o institucionales ─posiblemente sean escandalosos los relacionados con la vivienda─, decisiones unipersonales en que no hay precisión de las facultades del funcionario, tecnicismos para no enmendar una injusticia, doble rasero para tratar un delito según quien lo cometa…

En Cuba no hay tradición sólida de acudir regularmente a la Constitución; predomina en nuestro Derecho práctico un débil pensamiento liberal ya superado, y en estos momentos más apegado al conservadurismo que a la ideología en verdad revolucionaria; su pragmatismo utilitario ha prevalecido en las contingencias.

Se ha repetido por el pueblo que “lo que no está prohibido es obligatorio”; a veces, uno no sabe si se encuentra dentro o fuera de la ley; hay incertidumbre sobre si lo que hoy es legal, mañana será prohibido, o viceversa; puede que lo que resulta legal para algunos o legítimo para unas instituciones, no lo sea para otras personas u organizaciones; se regula en ocasiones sin base jurídica, y la norma aparece después de las violaciones, por la falta de previsión; no pocas veces se legisla presionado por contingencias o bajo la urgencia de “fuerza mayor”; la costumbre se convierte en “ley”, aunque no pueda regir como norma jurídica; se generaliza y engloba como “problema político” lo que comenzó siendo una típica deficiencia de la legislación...

Es inaceptable que una gran cantidad de cuestiones de justicia se encuentren garantizadas en la práctica para el pueblo cubano y no aparezcan refrendadas en las leyes y defendidas por los tribunales. Somos todavía incoherentes en el manejo jurídico y personalmente creo que muchos no le van a dar la importancia que tiene, pues todavía tiene peso la Historia que hemos tratado de esbozar en este trabajo.

Imposible continuar avanzando en la construcción socialista sin definir y establecer regulaciones jurídicas en la cartografía de diferentes tipos de propiedad coexistentes hoy en la Isla y cómo interactúan entre sí: ¿cómo son legalmente las relaciones entre propiedad estatal, social o comunitaria, mixta, extranjera, cooperativa, privada y personal? Establecer categorías y regular relaciones sociales es muy complejo y requiere tiempo para establecer normas, algunas de las cuales hasta serían provisionales, pues como no deben implicar deformaciones que afecten principios socialistas, su formulación estaría sometida a revisiones prácticas cotidianas, pero será necesario más debate público, no solo entre académicos, expertos y políticos, sino también entre todos los ciudadanos. No hacen falta conciliábulos secretos de tecnócratas o expertos con el encargo de redactar leyes que algunos piensan que son las más justas. En los debates masivos que seguramente habrá, las reflexiones tienen que hacerse visibles para ganar credibilidad, desde su gestación hasta su conclusión, mostrando contrapartes y desacuerdos. No tienen por qué hacerse en secreto, ni habrá por qué cuidar con tanto celo la unanimidad.

Varios aspectos del Derecho necesitan urgencia. Habrá que hacer énfasis en la explotación del suelo, tanto para inversores extranjeros, instituciones comunitarias, empresas estatales, y también cooperativas o privadas, pues nadie puede privatizar un área boscosa, río, playa o zona pública en Cuba, y no tiene sentido que un cubano pague por disfrutar de un territorio que forma parte de su nación, o que sea desalojado de un lugar público por cualquier tipo de dueño.

Posiblemente uno de los problemas legales más delicados con que actualmente se debe enfrentar el Derecho entre nosotros sea el de la vivienda, pues innumerables vericuetos y laberintos de recursos legales pueden hacer que la propiedad de la vivienda cubana hoy pase a manos indeseables y constituya un factor importante para que truhanes y funcionarios corruptos decidan sobre inmuebles, algunos incluso con cercanía a ser patrimoniales.

No debería ser un caso aislado acusar a un administrador o funcionario público, por muy relevante que sea, o denunciar una anomalía en una institución; ello no debe ser interpretado como una agresión al sistema político, pues coloca en desventaja al acusador. El ejemplo evidente de esta desprotección está en que se ha tenido que atender a los anónimos, práctica que solo puede florecer cuando hay temor a la represalia y no existen garantías para proteger con efectividad a quien enfrenta a pecho abierto lo mal hecho en cualquier instancia.

La sociedad civil, las organizaciones políticas y las instituciones estatales desarrollan sus vidas en el mismo espacio y la primera no se reduce solo al derecho de asociación. La sociedad civil mantiene relaciones sociales, y también de producción y distribución de riquezas, con organizaciones del Estado; fue usada con éxito en la socavación de las bases de la burocracia estalinista que se nombraba socialismo para derribar a ese sistema, y siempre se ha soñado probar la misma fórmula para destruir a la Revolución cubana, intentando convertirla en opositora. El llamado “Carril II” de la Ley Torricelli, estuvo y está creado con ese objetivo, como parte de la guerra del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y hoy está más activo que nunca, con la lógica de que, si sirvió para destruir la URSS y el llamado campo socialista europeo, debe también dar resultado para arrasar con el socialismo cubano.

La Revolución ha podido mantener una sociedad civil sin que sea, como quieren sus enemigos, una oposición subvencionada por una potencia extranjera; sin embargo, hay que contar más con sus potencialidades. La sociedad civil cubana es más amplia y rica que la representada por las asociaciones fundacionales. Nuevas generaciones han enriquecido notablemente este panorama y deben ser tenidas en cuenta en el proyecto de patria futura.

La soberanía cubana no se discute con opiniones extranjeras o de gobernantes estadounidenses, cuyo objetivo se dirige al beneficio de sus propios intereses, que nada tienen que ver con más democracia y derechos entre cubanos, sino con un cambio de régimen en la Isla para poder dominar y que prevalezcan sus utilidades. Sin embargo, no debemos ser esclavos de construir opiniones contrarias a las declaradas hipócritamente por nuestros enemigos en medio de una guerra cultural. Será necesario diseñar un modelo de participación más poderoso y real, una organización para debates y consultas, eficiente por sus resultados y eficaz por su aplicación.

Las leyes deberán cumplirse por todos sin exclusión, porque nadie está por encima de ellas, pero con todos los derechos y deberes que les asisten a los ciudadanos, no porque sea exigido desde el exterior, sino porque forma parte de los requisitos de perfeccionamiento de nuestro socialismo.

Hay una epidemia de desinterés político, diseminada para aniquilar la oposición al dominio de los representantes de las potencias mundiales; con ello se mantiene la opresión a pueblos desprotegidos que ya votan por sus oligarquías y optan por estrategias de dominación ajenas a sus propios intereses y aspiraciones. En Cuba estamos urgidos de consolidar una política socialista más horizontal; es necesario “hacer” política personal a favor del Derecho socialista y enseñarlo en las escuelas, lejos de metodologías burocráticas, frases hechas o verticalidad “orientadora”, sino con mayor creatividad, en contacto sistemático con todos los sectores de la población y en cada comunidad. La horizontalidad se aprende con los conceptos de educación popular. Sus resultados preparan a una fuerte sociedad civil y a políticos con diálogo necesario para estos tiempos, en que la inteligencia, las habilidades creativas y el uso de las tecnologías para la comunicación, serán combustibles para dar vida al diálogo honesto y cotidiano entre gobernantes y gobernados.

La institucionalidad ha sido muy afectada con la crisis del Período Especial en Cuba y la cautela para no restaurarla con presupuestos que han perdido vigencia, ha retrasado una necesaria refundación útil de acuerdo con los tiempos actuales, que, si bien requiere de evaluaciones prácticas, también exige una pronta incorporación a nuevas concepciones.

En la autonomía de la administración de gobierno y en su base se incluye la participación activa del verdadero “poder popular”, y habrá que encontrar un entramado en que esa conexión se retroalimente constantemente dentro del Derecho socialista y la verdadera “rendición de cuenta”. Esta buena voluntad iría acompañada de la transparencia que demanda la horizontalidad. Aun arrastramos demasiados prejuicios de secretismo que hoy con la conectividad del mundo resultan ridículos. Minimizar la Internet es letal y usar los procesos comunicativos en lo que se ha llamado “gobierno electrónico” no es una opción, sino una obligación en todos los niveles, tanto desde la provincia y municipios, como desde las más altas instancias, sin que por ello se abandonen las vías tradicionales. La información sistemática acerca de diversos tópicos, desde hacia dónde va lo que cada contribuyente aporta, hasta las últimas discusiones en una Asamblea Municipal, Provincial o Nacional, constituye una fuente para el diálogo, sobre todo con un público joven que utiliza estos medios mucho más que la radio y la televisión.

La constitución y su cuerpo de leyes necesitan ser coherentes y cohesionados con el ritmo económico, las realidades sociales y las perspectivas políticas y culturales del pueblo para que el legislativo, junto al ejecutivo y el judicial, tributen a un sistema que funcione con realismo. El reto legal será el ordenamiento del Derecho socialista cubano, sustentando el modelo económico que se construye, aprobado por la mayoría del pueblo. No se debe incurrir en el error histórico de realizar un ordenamiento legal después del desorden espontáneo en la aplicación del modelo, sino al mismo tiempo de las sucesivas construcciones y reconstrucciones, por lo que el Derecho debe respirar como la vida.

Sería esencial cumplir el Artículo 14 de la Constitución actual, que garantiza los principios fundamentales de justicia social socialista: “En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. También rige el principio de distribución socialista ‘de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo’. La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio”. Establecer leyes que tributen, hasta donde la razón práctica lo permita, a este principio, probablemente sea uno de los retos fundamentales en materia de Derecho en Cuba.