Este artículo forma parte de la serie Descentralización y municipios: los retos de la COVID-19.

Esta serie, coordinada por el profesor Willy Pedroso, se dirige a analizar los impactos de la crisis provocada por la COVID-19 en el camino de descentralización y estímulo al desarrollo local que venía recorriendo Cuba desde la aprobación de la nueva Constitución. Se propone examinar en qué medida esta crisis ha puesto de relieve o profundizado problemas de gestión, así como económico-productivos, medioambientales y socioculturales. Asimismo, intenta discutir qué condiciones (políticas, materiales, institucionales) se requieren para que los municipios intervengan activamente en la estrategia nacional de recuperación de la economía en Cuba. 

* Una versión ampliada de este texto está pendiente de publicación en un libro compilatorio de la Red de Universidad y Desarrollo Local.

Los municipios de Cuba se encuentran ante las puertas de la gestión autonómica de sus recursos bajo el mandato constitucional del 2019. Mientras, sus gestores conviven con una ágil mutación de las prácticas ciudadanas en redes digitales, las demandas nacionales y provinciales para la adopción de un gobierno electrónico, así como con fuertes deudas en la formación de capacidades digitales e infraestructura.

Los complejos nudos a desatar en una agenda de desarrollo en el contexto municipal, se suman en la tormenta de los procesos necesarios para una transformación que tribute a un bienestar común y cogestionado, desde y con las redes digitales. Ese horizonte, con una brújula difusa, se navega como resultado posible en escenarios locales.

Este artículo analiza dicha problemática desde un grupo de experiencias llevadas a cabo por profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, en el marco del proyecto Enredes, Información y Comunicación para la gestión del desarrollo local, entre el 2015 y el 2020; un grupo de investigaciones sobre las redes inalámbricas autogestionadas realizadas entre el 2014 y el 2019; y  los aprendizajes asociados a la creación de una Guía de gobierno digital en municipios cubanos, presentada en septiembre del 2019.

Sus conclusiones, se desplazan del escenario de reflexión sobre el gobierno electrónico e intentan ofrecer claves sobre cómo la articulación redes digitales de información, en prácticas comunicativas de cooperación, pueden aportar a una  agenda común de desarrollo en el contexto cubano.

Foto: Progreso Semanal.

Infocomunicación, gobierno y redes digitales en la Cuba del 2020

Lo local como espacio central de la autogestión integral de la vida nacional y el desarrollo, parece una ruta que se consolida como objetivo tras la aprobación de la Constitución del 2019 y las premisas del discurso político en medio de la contingencia epidemiológica, en sectores clave como la producción de alimentos y la construcción de viviendas.

De manera coincidente, la comunicación, la informatización y la innovación aparecen reconocidas como “pilares” de las estrategias de trabajo nacionales para la agenda de recuperación pos COVID-19, en una creciente articulación de la agenda científica y gubernamental (Díaz-Canel, 2020) que resulta en un elemento fundamental para la generación de soluciones en estos ámbitos.

Sin embargo, múltiples autores han alertado de las contradicciones de orden estructural y práctico que conllevan a una deformación de esa encomienda desde su inicio (Guzón, 2018), en medio de circunstancias económico sociales cada día más urgentes y decisivas para el país.

La comunicación, reconocida como un recurso estratégico en la agenda nacional de desarrollo para el 2030, ha tenido una progresiva incorporación a la dinámica de trabajo de la administración pública nacional y local, pero desde una comprensión, gestión y evaluación que no se produce de “manera sistemática, ni con enfoque estratégico”^[1] (Garcés, Rodríguez y Pedroso, 2019).

La información, aparece como una dimensión paralela cuyas especificidades, integralidad y relaciones con la comunicación no quedan claramente explícitas para sus gestores actuales y no permiten ejecutar la organicidad de sus procesos.

A esto podríamos sumarle una habitual comprensión de la interacción con la ciudadanía reducida a la forma de retroalimentación y tramitación de quejas, que se traslada a otros escenarios de trabajo. También, un enfoque exclusivamente centrado en la transformación de las instituciones como entes aislados en la consecución de sus objetivos, lo cual privilegia su entendimiento como instancias predominantemente emisoras.

Gobiernos re-conectados

En los últimos años quedaron explícitas las pautas de una estrategia nacional de gobierno electrónico centrada en cuatro etapas principales (MINCOM, 2018). Estas van desde la presencia de información en sitios digitales, la creación de canales de interacción, la disponibilidad de servicios dentro de dichas plataformas y, por último, la transformación global de los procesos de trabajo. En la primera, se hace énfasis en el desarrollo de portales provinciales y municipales con información sobre servicios y actividades del territorio, meta cumplida a nivel provincial en el 2019. Esta planificación incluye la conformación de indicadores globales en un marco de trabajo multidisciplinar y la articulación de distintas instituciones nacionales y locales en función de su concepción y soporte técnico.

El desarrollo de dicha estrategia y la infraestructura que tiene asociada, así como el  marco de discusión y organizativo que ha ido posibilitando, resultan un paso de avance importante en la consecución del objetivo de un gobierno digital. Este diseño intenta responder a la capacidad de los distintos territorios de cumplir con las demandas del programa de manera homogénea y efectiva.

Sin embargo, su esquema de trabajo en etapas y por resultados pospone, y en algunos sentidos desarticula, dimensiones y principios esenciales del proceso que se dan desde su proyección, y que tributan a la consecución del objetivo final esperado. En tanto, este esfuerzo debe trascender las demandas técnicas específicas de un gobierno digital y poner este empeño en función de la proyección global del desarrollo a nivel territorial.

La participación colectiva en el diseño, implementación y evaluación de los avances que permita diagnosticar y ajustar en consonancia con prioridades sociales y características de los usos (factible a nivel local con representación presencial), la articulación de redes que habiliten procesos de trabajo y la consecuente transformación misma de estos; son algunos de los principios que aparecen como opacados o pospuestos coyunturalmente.

A la vez, en el país y en las estructuras de gobierno, se van superponiendo servicios, procesos de intercambio con la ciudadanía y problemáticas, que implican el desarrollo de funciones en varias de las etapas que aún no eran implementadas en el 2020; debido a la urgencia de los temas que atienden, la demanda ciudadana y la diversidad de iniciativas en paralelo.

Del mismo modo, en contadas excepciones, la agenda de transformación de las estructuras gubernamentales aparece como una necesidad autónoma a partir de la toma de conciencia de las dificultades del territorio con una estrategia propia encaminada a solventarlos, lo cual limita en alcance del cambio real dentro de las estructuras organizativas institucionales y de relacionamiento social e interinstitucional.

Es decir, si bien el esquema de desarrollo en etapas se presenta como un modelo escalable y flexible para las distintas condiciones de partida territoriales, necesita de un enfoque integral, participativo y con capacidad de transformación global del proceso desde su concepción, que no comprenda al ente de gobierno como un proveedor de servicios aislado.

Los problemas identificados en distintas indagaciones realizadas,^[2] señalan cómo la transformación de los gobiernos en sus ámbitos de acción no puede ser comprendida como una tarea de un sector en específico. Necesitan de un marco transdiciplinar y multiactoral de análisis y emprendimiento, que entienda el organismo de gobierno como un ente interactuante con la sociedad, sometido al rendimiento de dicha capacidad de relacionamiento para alcanzar sus propósitos.

Foto: Perfil en Facebook del proyecto ENREDES

Redes de todos, plataformas de pocos, proyecto de muchos

En paralelo, tras la apertura del servicio de datos móviles en diciembre del 2018, se han densificado las prácticas de intercambio en redes digitales sobre el devenir del país. Estas incluyen recurrentes procesos de revisión de asuntos de interés público con incidencia en la agenda política, dinámicas de asociación y cooperación masiva sobre distintas temáticas, una expansión y reconfiguración de la representación de la esfera pública digital cubana en su construcción transnacional, así como una progresiva interacción entre el discurso político y mediático y las agendas de los usuarios en sitios de redes digitales.

Todo ello va generando un entorno de representación de país y sus acciones que tiene cada vez más relevancia en el devenir nacional, dirimido en el espacio público digital. Este esta a su vez, aparece mediado por la sujeción algorítmica de la visibilidad de los contenidos; su parcialidad y límite en estructuras de burbujas y redes egocéntricas; las características de las interfaces y los dispositivos; las condiciones particulares del acceso en el país, sus costos y distribución en grupos poblacionales específicos (en distinciones geográficas, etarias, educacionales, y de ingreso); así como las formas disímiles y evolutivas en que se dan los usos y discursos.

A esto se deben sumar, con una incidencia fundamental en la vida política nacional, las condiciones en que, para el 2020, se ejercita el diferendo con el Gobierno de los Estados Unidos.

Estas mediaciones suponen un reto enorme para la construcción de una proyección consensuada del desarrollo y su gestión, en un espacio que adquiere una relevancia creciente en los modos de comprensión y ejercicio de la vida social para ciudadanos y actores de gobierno.

Sin embargo, la centralidad que ha adquirido este espacio para la vida pública en el país, en muy pocas ocasiones aparece como un marco de acción común y organizado entre instituciones y entes sociales para la resolución de dificultades, deliberación pública o diseños de innovación colectiva.

En muchas ocasiones los sitios de redes sociales digitales son comprendidos por los actores de gobierno como un entorno delicado o peligroso, espacio para la difusión de información, el enfrentamiento político o más recientemente para la recepción de opiniones. Dicho enfoque contrasta con las exuberantes formas en que se desarrolla de la vida social, desde lo comercial, lo colaborativo hasta lo íntimo y cotidiano en estos espacios.

Es recurrente también la comprensión predominantemente transmisiva de la comunicación en general como proceso y de dar una función a los públicos solo de retroalimentación en la estrategia de trabajo, típico de modelos comunicacionales ampliamente revisados de manera crítica.

Del mismo modo, es usual observar cómo muchas propuestas o denuncias hechas en escenarios reticulares no suelen articular modos de notificar a los representantes de dichas intervenciones, sea porque no forma parte del objetivo de la publicación o por desconocimiento de los modos de lograrlo, tanto por los usuarios como por los gestores de las cuentas de gobierno.

La prevalencia en el uso social de plataformas internacionales privadas como Facebook, limita el acceso masivo a las dinámicas de intercambio por el costo del servicio nacional y extiende las fuentes de interacción a una esfera pública transnacional, marcada por distintas realidades y diferencias políticas. Supone una autonomía escasa sobre los datos generados desde el país y una sujeción a algoritmos e interfaces de corporaciones trasnacionales para la visibilidad de los contenidos.  A la vez, también ofrece un entorno estructurado para gestionar de manera organizada estas interacciones con experiencia social acumulada en su uso.

Foto: Proyecto ENREDES

Un elemento fundamental en este escenario son las carencias de la formación en el país para la vida en entornos digitales en red. Aún más, para la participación política en estos espacios, tanto en ciudadanos como en actores de gobierno. La formulación de proyecciones nacionales sobre esta temática aparece diluida entre distintos esfuerzos disciplinares y ministeriales, con visiones parciales entre sí y predominio del encargo del aprendizaje técnico- instrumental y critico-ideológico de dichas dinámicas.

Como señalábamos, no puede entenderse este escenario sin observar la incidencia de la política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América en la vida política del país. Esta se ejerce a través de programas gubernamentales anuales con millones de dólares  destinados a múltiples agendas (Department of State, 2020) y con expreso encargo de atentar contra el proyecto revolucionario. Dichas acciones tienen evidencia pública y oficial en varios espacios.

La contradicción entre dicha actividad, en sus múltiples expresiones, y la prácticas defensivas consecuentes del Estado cubano, hace que las dinámicas de  discusión sobre lo político común les cueste trabajo desarrollarse fuera del ámbito de la parcialidad y la ruptura, la manipulación y el injerencismo estructurado externo, así como de la sospecha o en algunos casos la ilegalidad. Esto, sin embargo, constituye una constante con distintas manifestaciones en la historia cubana, que debe tenerse en cuenta para el diseño de procesos de colaboración y participación a partir de su existencia.

Modos de pensar lo común en red

Como se ha advertido, los procesos que acá se analizan trascienden el gobierno o la administración pública como estructura solitaria. Para poder situarlas en las demandas de una agenda de desarrollo, cogestionada socialmente, es necesario comprenderlos en la complejidad de relaciones en las cuales se desenvuelven.

Para ello es imprescindible un marco conceptual que permita romper la atomización en instituciones y la unidireccionalidad de los flujos de información. El carácter caótico y parcial de los intercambios de información pública sufre un abordaje también parcial si se intenta encajar en un enfoque sistémico a instancias y actores que no se comprenden entre sí como tal, ni tienen prácticas de relacionamiento estructurada.  Este referente puede resultar funcional para interpretar una organización con un objetivo común y un marco de intereses compartido, pero resulta más difícil encajar el volumen de intereses, prácticas y flujos de intercambio que pueden establecerse en un territorio dado.

De lo aprendido sobre los modos en que acontecen las prácticas de interacción en redes digitales en Cuba, puede advertirse que muchos procesos de colaboración, circulación de información y generación de momentos de consenso sobre determinadas problemáticas claves en redes de información digitales, ocurren con o sin la intervención de los entes legales encargados de su gestión. Eso sucede en la medida que forman sus propios flujos de información, no siempre posibilitadores de un enfoque de equidad e inclusión, propios de la responsabilidad gubernamental.

En muchas ocasiones la intervención oficial en dichos flujos es solo a modo de respuesta, fomentando una perspectiva clientelar y receptora de la intervención ciudadana. No se facilita su avance hacia la creación de soluciones y de colaboración con las instancias de gobierno. Este a su vez parece también el único ente encargado de la solución de las problemáticas identificadas, la erradicación de sus causas, así como su comprensión en un enfoque holístico.

Para un entorno local, esto limita fundamentalmente el alcance y la eficacia de los esfuerzos cuya complejidad supera esa demarcación. Ejemplos claros de esto serían las problemáticas de la vivienda o la recogida de basura en municipios como Centro Habana.   

Foto: Proyecto ENREDES

En este enfoque^[3] los gobiernos locales son un nodo de una red que existe en la medida en que otros actores construyen flujos de información con él. Esta arma a su vez las interfaces adecuadas para aprovechar esos flujos y fortalecerlos, como los servicios de un sitio web de gobierno, las acciones de capacitación y comunicación.

La misión de una instancia de gobierno local, seria fortalecer dichos flujos de interacción a través sus interfaces de conexión, el empoderamiento y creatividad ciudadana, empresarial e interinstitucional. A través de estas prácticas articuladas en red, se posibilita construir vórtices de consenso que generen la articulación de los esfuerzos, recursos y sentidos necesarios para la gestión del desarrollo^[4]. Ello, a partir de la transformación digital^[5] de los procesos de trabajo propios de la institución  en pos de la eficacia.

Esto implica también fortalecer la capacidad de otros nodos y actores de la red para construir flujos útiles (no instrumentales) a esta, como las distintas formas de asociatividad y acción de la sociedad civil, las empresas estatales y el sector privado, los sectores de la administración pública y los grupos poblacionales específicos.

Esta encomienda es imposible lograrla si dicha gestión no se rige como un proceso participativo, inclusivo, eficiente y orgánico, donde la información que tribute a la gestión del bienestar colectivo y los modos de administrarla, aparezcan como un bien común de la comunidad territorial a través de un marco regulatorio y ejecutivo.

La posibilidad de que el sentido de dichos flujos adquiera un encargo socialista, depende de su condición participativa y transparente; de la ruptura de la fragmentación y parcialización reticular (algoritmos foráneos y gestión política limitada de la comunicación mediante) de las verdades y las deliberaciones; así como de la prevalencia en las contradicciones que se ejerzan en los intercambios, de los valores propios de un proyecto político emancipador. Es decir, tanto el proceso como el sentido de las acciones que se realizan en él son relevantes, y en la medida que acontecen, se condicionan y construyen entre sí.

Foto: Perfil en Facebook del proyecto ENREDES.

Premisas contra la incertidumbre

Las ideas propuestas solo pueden útiles como punto de reflexión para proyectar soluciones. La complejidad de esta problemática se ve incrementada con la urgencia de las transformaciones que va demandando, pero contrasta con el impacto posible en la eficacia de los procesos de gestión de gobierno, solución de dificultades y la generación de consenso sobre la agenda común.

El diseño de una estrategia de trabajo que tribute a una gobernanza digital debe estar orientada a la consecución de los objetivos del desarrollo del territorio, no solamente a los objetivos de transformación digital de una organización dada. Por ende, no puede construirse sin la inclusión en el proceso de concertación de sus objetivos y prioridades a los actores participantes en dicho desarrollo, así como sin la cogestión con ellos de los procesos de implementación y evaluación.

Para esto resulta imprescindible la creación de un marco jurídico ejecutivo, pero también la construcción de interfaces adecuadas en múltiples plataformas y escenarios comunicativos para que todos los actores cuenten con la preparación, la información y la capacidad de contribución y control imprescindible. Poder incentivar espacios nacionales (donde se delibere, se propongan soluciones e iniciativas, se capacite, se denuncie, se conecten ideas, se evalúe), cogestionados socialmente, sería una fortaleza de un proyecto como este. Aunque tendría que competir con las tradiciones de uso buena parte de los usuarios.

La interoperabilidad de los datos, la fiabilidad de estos en su procesamiento y almacenaje, los flujos de información entre plataformas y actores, la organización de los sistemas de trabajo hacia la adopción de soluciones inteligentes a partir de dicha estructura y su procesamiento automatizado, resultan elementos clave para asegurar la eficacia y operatividad de estos esfuerzos, con el diagnóstico y la innovación como puntas articuladas de acción. Llevar a cabo dichas transformaciones requiere de una recomposición de la fuerza laboral de las administraciones públicas para el nuevo reto, con una consecuente formación profesional y estímulo productivo.

Nada de esto resulta posible en las circunstancias nacionales, por supuesto, sin una voluntad política ágil y un entorno de control popular vinculante.

El rango de disciplinas, esfuerzos y distintas circunstancias que tributan a este escenario, necesitan de una plataforma de trabajo de base para modular la complejidad del desarrollo de las soluciones que se exigen, gestionada desde una estructura política que permita trascender la parcialidad de la gestión y los enfoques institucionales y ministeriales. La recurrencia de las referencias explícitas sobre esta temática, su consecuente examen periódico desde la dirección del país y su inclusión en las prioridades de la gestión de la crisis pos COVID-19, es una de las principales fortalezas de esta encomienda. Estos elementos han sido un factor fundamental en los avances hechos en estos temas en distintos países en América Latina (Naser, 2019).

La construcción del bienestar común sobre prácticas de intercambio de información cooperativas, desde actores capacitados y empoderados en su ejercicio, resulta en una divisa consustancial a la gestión de un proyecto socialista de desarrollo; en tanto atienda al carácter inclusivo, equitativo, transparente, participativo y justo, implícito en la ética del proyecto político cubano y en las líneas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030.

La interacción de las instancias de gobierno en una ecología de redes digitales debe estar orientada por la conformación de una política comunicativa a tono con las trasformaciones de la esfera pública cubana. Capaz esta, de fomentar los procesos de construcción participativa del proyecto nacional y que guíe la transformación de las instituciones públicas (mediáticas, gubernamentales, administrativas, investigativas) –interfaces de dicha gestión– en un marco de transparencia, eficiencia y compromiso con los principios de proyección de desarrollo socialista. Por ende, comprometidas con su defensa.

Desde Centro Habana, hasta Jiguaní, este enfoque permitiría concebir los recursos de información, su gestión y práctica comunicativa, como bienes comunes de la sociedad toda, no agotables ni acaparables, posibilitadores de procesos de innovación y co-creación en redes.

Referencias

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