(Publicado en Catalejo, febrero de 2016)

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Este artículo pertenece al dossier La Habana de las columnas y los 200 barrios

El Vedado –esa zona sobre la privilegiada línea costera que algunos urbanistas han denominado el corazón de «la gran ciudad blanca»–, muy conocido por sus indiscutibles méritos y centros turísticos, no es, sin embargo, el epítome de La Habana. Aunque allí radican importantes sitios de memoria, de valores arquitectónicos y acontecimientos prominentes, además de las sedes principales del gobierno central, la ciudad y sus problemas desbordan este barrio, caracterizado antes y ahora, junto a otros de los municipios Plaza y Playa, por su estatus social superior. Con sus quince municipios, donde habitan 2 millones y pico de habaneros, La Lisa al suroeste hasta La Habana del Este, desde Guanabacoa a Marianao, pasando por San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, el Cerro, Centro Habana, que el filme cubano Suite Habana (2003) ha retratado como ninguno, la cultura profunda y la historia ignorada de la ciudad actual tiene su asiento, y se reproduce, en medio de un entorno urbano caracterizado por una problemática común, aunque diferenciada en su intensidad.

Catalejo rescata dos ensayos de conocidos urbanistas (uno arquitecto, el otro sociólogo), colaboradores habituales y miembros del Consejo Asesor de la revista Temas, ambos vigentes, aunque fueron publicados hace ya algunos años, y que iluminan el fondo de esa problemática urbana indivisible –y de todos los colores.

A la historia y realidades de La Habana actual se han dedicado decenas de ensayos que coinciden en definirla como el más notable —y maltratado— reservorio urbano de cubanía.[1] Por ello no se intenta concientizar aquí sobre los valores de la capital cubana sino alertar sobre su nuevo desafío: los impactos que le dejará su probable apertura a la inversión extranjera directa, el mercado, o la participación foránea y de actores privados nacionales en el sector de los bienes raíces y los servicios, vistos desde una ciudad ya lesionada por severas carencias culturales y de gestión, arraigadas en los sectores público y privado.

Los cambios que se introducen en Cuba para rediseñar su modelo de desarrollo y articularlo al escenario global resultarán en una ciudad diferente a la que pueblan los capitalinos de hoy. El comprensible acomodo del país a ese contexto representa la maduración oportuna del pensamiento nacional, de modo que el foco del análisis no estará en la ineludible transformación en curso, sino en mitigar su impacto sobre el patrimonio edificado, la imagen, la identidad y la ciudadanía habaneras. El sector público cubano encara el desafío de preservar y aprovechar los valores privativos de La Habana o decidir el precio que pondrá a su legado singular.

Este artículo aborda tal dilema desde la perspectiva de la arquitectura y el urbanismo, no desde lo económico-financiero, las modalidades que podría asumir aquí la inversión extranjera directa, o la sociología. Se ciñe a la capital del país, pero valdría por extensión para otras urbes reconocidas como importantes depositarias de cultura, considerando que casi 77% de la población cubana vive en zonas urbanas y es en ellas donde se cobija y madura la conciencia nacional más avanzada.

Lo de afuera se hizo de adentro, luego se hizo exclusivo

La cultura portuaria y la aceptación del “otro” se expresa también en la diversidad de la arquitectura habanera, como parte de su larga tradición urbana. A partir de 1519 esta ciudad juntó capitales, estilos e influencias externas hasta conformar el ecléctico ambiente que hoy la hace pieza clave en el mestizaje cubano. Tras la Revolución de 1959 la inversión extranjera en La Habana resultó ínfima comparada con los períodos precedentes pues se intentó bajo un modelo vertical y centralizado que no la validó como alternativa de financiación, careció de base jurídica, fue hostigada por el vecino norteño, no ejerció modelación sobre el tejido urbano anterior, estuvo siempre ralentizada por razones económicas o burocráticas, y por eso apenas impactó en la ciudad.

Aun así, discretas trazas foráneas son visibles en La Habana pos-revolucionaria. Aprovechando una coyuntura en medio del rigor del Período especial, empresarios de varios países comenzaron trabajos en inmobiliarias que levantaron en Miramar, a mediados de los 90, una decena de inmuebles de oficinas y edificios residenciales de dudoso diseño. Estas viviendas —vendidas o rentadas a extranjeros— tuvieron un prematuro final, al parecer inducido por la falta de soporte legal para tal modelo de propiedad, lo que erosionó su administración, ejemplificada en el vacío creado al decidir su sucesión o herencia. Caso único es el conjunto que ocupa toda una manzana de la Quinta Avenida de Miramar para la embajada de la Unión Soviética (hoy de la Federación Rusa), diseñada y decidida en Moscú, de lo cual da cuentas su elaborada volumetría. No es validable que estas pocas propuestas hayan tenido gran impacto como aporte o devaluación de la imagen citadina.

La Habana atesora un notable legado que forma parte fundamental de la imagen Cuba: un patrimonio irremplazable, levantado en la metrópoli más relevante del Caribe, sumado a su preservación y detención en el tiempo. Esa excepcionalidad se traduce hoy en su principal valor agregado con al menos tres indicadores que la acreditan ante la mirada global: la declaración por la UNESCO de su Centro Histórico y su sistema de fortalezas coloniales como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad (1982); su inclusión entre las Nuevas Siete Ciudades Maravilla del Mundo (2015), elegida en Internet por miles de votantes de todo el orbe; finalmente, el continuo incremento de visitantes que insisten en la necesidad de conservar las esencias habaneras, sumado al temor de perderlas ante el impacto de capitales externos que podrían alterar su imagen y carácter. No es nostalgia, sino la convicción de viajeros incansables que confirman, desde su experiencia acumulada, que esta ciudad está entre las más singulares de Latinoamérica por su clase magistral en arquitectura y urbanismo, su congelada imagen simbólica y discursiva, su amalgama del acervo construido, su entramado sociocultural y su lección de articulación barrial cuando cada etapa de crecimiento apenas rozó la previa en tenues transiciones por adición, nunca por sustitución, hasta completar una capital que ahora podría poner en peligro la exclusividad de su valor añadido, en medio del competitivo escenario urbano global.

Lo exclusivo se hace banal, lo banal se hace norma

Serias debilidades amenazan la preservación de La Habana ante el empuje del mercado. Son resultado de medio siglo de pobre gestión, manejo reactivo, incultura, pobreza y desidia, lo que ha sido ya explicitado por analistas cubanos. La mayoría de esos artículos sortearon el actual escenario de cambios porque no era aún predecible, pero pronunciamientos y documentos públicos recién propuestos tampoco tocan con agudeza este contexto, o solo lo insinúan sin proponerle acciones estratégicas.[2] Se postergan así datos básicos para gestionar el planeamiento habanero, al parecer porque abordar su futuro, en medio del actual rango de incertidumbre, puede inducir a especulaciones o a dispersión en las soluciones, lo que será siempre mejor que ignorarlo.

Sea por lo inédito del proceso o por la vieja distorsión de su administración urbana, La Habana no está lista para asumir masivamente el escenario creado por la Ley 118/2014 que ya permite la inversión extranjera en la rama inmobiliaria, la administración de servicios y la construcción. La brecha financiera y cultural abierta por la crisis de los 90 no ha sido tan remontada como para balancear favorablemente los flujos de capital externo. El desgastado modelo de gestión urbana centralizada y sectorial perdura incólume, mientras el sector privado asume una parte del poder que no le es facilitado por las vías formales y responde con acciones que van del irrespeto a la violación de las regulaciones urbanas y de ahí a la ilegalidad. Se suma la actuación de un sector público que denota debilidad ante la presión inversora externa cuando proyectos decisivos son importados o bien pagados a grises diseñadores extranjeros que apenas comprenden la ciudad, pactos cardinales se conducen sin transparencia o se deciden por actores inapropiados, se implantan acríticamente tecnologías, materiales y diseños ni siquiera adaptados al trópico-húmedo o surge el deslumbramiento por la imagen ajena mientras se demuelen o vulneran ejemplos paradigmáticos del ambiente arquitectónico habanero. No se minimizará la pérdida de identidad, capital simbólico y oportunidad de desarrollo si el sector público permanece anclado en la amenaza, no en la oportunidad.

Debilidad principal ante este proceso es la extrema indefensión que padecen la ciudad y la arquitectura cubanas. Pareciera que su relevante carácter cultural no hace parte del acervo nacional cuando el discurso público lo reduce a las Bellas Artes y el Ministerio de Cultura no posee una dependencia que las acoja, siquiera como bienes culturales defendibles ante la lógica del mercado; la Unión de Arquitectos está entre las organizaciones gremiales de menor incidencia en la sociedad cubana; festivales culturales que se declaran “inclusivos de todas las artes” las ignoran deslealmente; rara vez los medios masivos comentan la ciudad y la arquitectura cubanas y ninguno ha cuestionado públicamente los eventos que condujeron a la demolición del icónico Hospital Pedro Borrás, ni a la mutilación de la tienda Fin de Siglo, el Club Náutico (CSO Félix Elmuza), el Pabellón Cuba, o la Terminal No 3 del Aeropuerto José Martí, entre otros ejemplos del tolerado vandalismo administrativo. No se convocan concursos de arquitectura o diseño urbano cuando abundan los de otros productos culturales; el masivo irrespeto de las ordenanzas urbanas queda impune generalmente; ninguna publicación impresa regular se enfoca en los desafíos de la profesión y su libre debate, haciendo inaudibles a los sectores académico e intelectual; no existen referentes cualificados que guíen a la arquitectura vernácula actual; la crítica cultural o artística no aborda la arquitectura, lo que amplía la brecha pública entre teoría y práctica; decisores improvisados se imponen como plenipotenciarios, olvidando la opinión ciudadana; la urbanística no hace parte de las ciencias sociales; la creación arquitectónica es muy vulnerable porque carece de todo amparo jurídico o reglamentario; la concientización popular, consustancial a los procesos de participación democrática, no nos entrena en la apreciación de la arquitectura (el fin) sino de la construcción (un medio), aun cuando esta usualmente resulta amenaza y verdugo de la primera, mientras el ciudadano es enseñado a darlas por igual. Inmersos en tan disímiles carencias, sin una sociedad civil articulada e incidente, resulta difícil la comprensión integral de la ciudad y las vías para su salvaguarda lo que resulta en serias desventajas para protegerla frente a los nuevos mercachifles.

Escasea la cultura urbana cuando no se la siembra en la conciencia nacional, las políticas públicas y la ciudadanía, incluyendo la sensibilización y capacitación de planeadores, administradores, políticos y decisores, que no la patrocinan ni defienden porque no han sido educados en ello. Así, la banalización del diseño hace estragos en residencias, servicios públicos y privados. La Habana de extramuros imita los peores referentes matizándose de vulgaridad y populismo mientras la que gestiona la Oficina del Historiador de la Ciudad intenta continuar su notable obra, tras cambios estructurales internos que parecen debilitar su capacidad decisoria y financiera.

Al sostén que convierte lo trascendente en frívolo se añade ahora otra riesgosa variable: el traspaso de códigos y diseños impuestos por los inversores extranjeros. Rasgos de esta amenaza cultural son visibles en ciertas instalaciones turísticas, hechos calco inmediato en sitios públicos o privados con malas réplicas de cortijos andaluces y haciendas tropicales que ya amenazan a La Habana. Lo peor podría estar aún por llegar en forma de probables condominios inmobiliarios, fast-foods, especulación urbana y demoliciones traumáticas, hoteles y malls inarmónicos, cruceros invasivos, tecnologías contaminantes o enclaves de spa y resorts, factibles en un contexto urbano que no da hasta ahora ningún signo de resistencia cultural al cambio. Toda disonancia parece posible bajo el nuevo escenario, que no sería tan de temer si el sector público cubano ejerciera democrática y sabiamente su autoridad, dominio y defensa patrimonial. Cuba ha estado abierta al capital externo durante veinte años, pero el sinnúmero de inversores probables, incluidos los norteamericanos, resulta ahora un nuevo desafío dada la presión con que suelen encarar sus negociaciones; analistas calculan que los del Norte podrían invertir hasta 1,5 mil millones de dólares al año en Cuba, tras eliminarse el bloqueo. Súmese el renovado interés extranjero expresado —solo un ejemplo entre tantos— en el crecimiento de 500% ocurrido en la visita de empresarios japoneses a esta “fruta madura” durante los últimos diez meses.[3] Si mala ha sido la pobreza para La Habana, peor le sería la abundancia de capitales externos mal manejados, por su peligroso impacto transformador y la insostenibilidad de un modelo dependiente.

Es destacable que la inversión extranjera solo se hace irreverente allí donde se lo permiten los poderes públicos. El promotor externo, entendido como un aliado por la Ley 118/2014, puede y debe ser convencido de que lo que haría rentable esta ciudad es su valor agregado, no las vallas lumínicas y edificios-símbolo que la “modernicen”. En 2015 llegaron a Cuba 3,5 millones de visitantes y se esperan hasta 2 millones más, por año, cuando el gobierno de los Estados Unidos permita a sus ciudadanos visitarnos libremente. Esos desarrolladores —aun los nacionales— saben que tal incremento les significa mayor demanda potencial, pero que nadie vendrá a La Habana a comer hamburguesas, sino a disfrutar de esta capital diversa y de su gente, atraídos por una ciudad y un entramado cultural auténticos que ya le funcionan como eficaz publicidad y diferencia, lo que les (nos) obliga a respetarlos. Sin embargo, muchos de esos turistas aseguran venir a la ciudad antes de que ocurra lo que consideran será su “inevitable cambio para peor”, derivado de los ajustes estructurales en curso y las transformaciones que le introducirá el mercado.[4]

Visto desde lo urbano, el riesgo ante la inversión extranjera en La Habana viene dado por las estrategias de manejo y gestión que adopte el sector público, quien deberá renovar su caduco modelo para anteponer la cultura de la ciudad productiva a la búsqueda desesperada de fondos frescos. Deberá cuidar la gallina de los huevos de oro o dedicarse a vender los pocos que ponga antes de esterilizarla. Vale exaltar a la Oficina del Historiador de la Ciudad por su inteligente —culto— manejo de este riesgo, ilustrado en la Plaza Vieja. Entre otros servicios, hay allí varios exitosos negocios de propietarios cubanos, al menos cinco instalaciones culturales, un café de ambiente criollo junto a una cervecería de equipamiento austriaco y las boutiques de tres reconocidas firmas internacionales (Paul & Shark, Benetton y Lacoste). Nada de ello daña el discurso esencial de una de las principales y más concurridas plazas coloniales habaneras porque la proyección pública de cada sitio se subordina a preservarla, demostrando que mercado, cultura, tradición y modernidad son compatibles y, de paso, que la banalización de la arquitectura y la idiotización urbana no son inevitables para atraer clientes a una ciudad que no precisa de afeites.

Tendencia riesgosa sería gestionar con “flexibilidad” los 360 km² del resto del tejido urbano habanero. Tal enfoque podría cercenar la ciudad en barrios estancos, cortar su relevante empaque y continuidad estructural e impedir la suave transición estilística incluida entre sus rasgos identitarios, lo que no significa una ciudad intocable e historicista cuando son solo sus valores esenciales los cruciales. No se trata de cancelar intervenciones contemporáneas o inversiones novedosas, a tono con su tiempo, sino de realizarlas con sabiduría mientras se produce la renovación y evolución que cada época demanda, dentro de admisibles límites para el cambio y de la mano de sus ciudadanos. Pero esto encarará otros desafíos:

• Severa crisis en el estado constructivo y la conservación del fondo edificado habanero.
• Altísima demanda interna de capital fresco e inversiones dirigidas al proceso rehabilitador.
• Alta presión inversora exterior, a la captura de un mercado virgen lleno de oportunidades.
• Descapitalización de instituciones ligadas al diseño, la rectoría y el control urbano local.
• Pérdida de actualización y entrenamiento para interactuar o negociar con el mercado.
• Baja optimización económico-financiera de las inversiones y de su manejo presupuestario.
• Riesgo potencial derivado de la corrupción o del control irregular de los fondos de inversión.
• Vacíos jurídicos, reglamentarios y estadísticos para el óptimo manejo del proceso inversor.
• Abandono del valor del suelo como variable reguladora del proceso inversor urbano.
• Riesgo de demoliciones y reciclaje indebido de suelo urbano central, con alto valor de uso.
• Casi nula transparencia, participación y debate democrático durante el proceso inversor.
• Desconocimiento de la ciudad como un hecho cultural holístico, social, ético y productivo.
• Confusión en los significados y diferencias entre “imagen de modernidad” y desarrollo.
• Impericia ante tendencias actualizadas de sostenibilidad urbana y gestión comprometida.
• Desconocimiento de las oportunidades y estrategias que articulan Patrimonio y Desarrollo.
• Persistencia de modelos obsoletos de gobernanza y gestión urbana, que no transforman las estructuras que crearon el problema, ni actualizan las estrategias para resolverlo.

La ciudad se pone en valor, el valor se le reinvierte

Los planes urbanos, diseñados desde un escenario de gestión centralizada, tendrán que readecuarse a las demandas de la naciente economía mixta, en cuyo sector no estatal ya trabaja 27% de la fuerza laboral y ha potenciado unas 85 000 operaciones de compraventa de propiedades privadas, sin considerar el impacto de los doscientos variados negocios con inversión extranjera ya activos en Cuba —súmense los previsibles— lo que determinará en la imagen y distribución territorial de las inversiones.

Rehabilitar integralmente las áreas centrales habaneras implicaría crear un fondo de viviendas, en zonas internas o no, ya previstas en los planes urbanísticos a fin de lograr la rotación de inmuebles y relocalizar densidades centrales. El vigente Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano —en el corto y mediano plazos— define áreas generales para el desarrollo habitacional sin proponer sitios precisos para la inversión inmobiliaria de alto estándar y la vivienda popular, de manera que los impactos mutuos e interacción entre esos dos programas tan distintos no quedan claros ni delimitados. ¿Significa que coexistirían ambos destinos sobre un mismo territorio, incluso central, compitiendo entre sí por la mejor área, o es que el plan general va a facilitar la creación de enclaves especiales cuando surja la oportunidad, sin transitar por el necesario análisis de cada propuesta? Se visualizan así dos opciones: la inusual convivencia entre refinados condominios para forasteros yuxtapuestos con la población central, alojada bajo los patrones de la vivienda social, o la edificación de conjuntos cerrados, con muy alto estándar urbanístico y lejos de la mirada de los curiosos nacionales. Cualquiera de ellas ampliaría la brecha de desigualdad y la segregación amenazaría las zonas de intervención, lo que nos obliga a pensar y minimizar el impacto social de esa interacción.

Ya se rubricó un contrato entre la poco conocida firma Cuba Golf S.A. y la china Beijing Enterprises Holdings Limited, en asociación conjunta para construir una inversión de lujo con dos campos de golf, comercios, spa, un hotel y 1 184 viviendas, a un costo de 462 millones de dólares.[5] Será el primer golf resort de La Habana localizado en Bellomonte, Guanabo, en un área que el Plan Director alguna vez previó como zona de desarrollo potencial y será ahora edificada por la inversión extranjera, sobre suelo concedido en usufructo durante 99 años. A poca distancia del vilipendiado Alamar nacerá un enclave de ensueño, solo para extranjeros. Lo debatible es si su impacto sociourbano fue debidamente considerado en un pacto que ha estado lejos del debate colegiado —incluidos su huella ecológica y alto consumo de agua— y ni el gremio, los medios masivos o los comités técnicos que monitorean inversiones de este tipo y escala están al tanto de él. Tan confuso debut confirma que el verticalismo sigue siendo un método de gestión urbana potencialmente aplicable a cualquier inversión foránea, incluyendo algunos nuevos hoteles habaneros ya pactados.

La creación arquitectónica es la más compleja y costosa de todas las expresiones culturales, así que a la amenaza patrimonial se suma el conflicto financiero. El país da tenues signos de recuperación macroeconómica pero aún insuficientes para devolverlo a los niveles de los años 80. Analistas aseguran que para que esto sea posible, el PIB deberá crecer de forma estable durante diez años a un ritmo de 3,5-4% anual, mientras el promedio de aumento en los últimos cinco años fue de 2,6%. El año 2015 reportó un crecimiento de 4%, pero los expertos insisten en que aún deberán atraerse unos 2 mil millones de dólares externos adicionales, cada año, para estabilizar este indicador durante un decenio.[6]

El estado del fondo edificado en La Habana es tan lamentable que basta recordar solo un par de datos para demostrarlo: el costo de su rehabilitación total, incluido el sistema de redes técnicas e ingenieras, se ha calculado en unos 17 mil millones de pesos para una capital que promedia el colapso de 3,2 viviendas diarias, donde mueren ciudadanos. La divergencia entre una lenta recuperación económica y esta grave realidad citadina aconseja promover la inversión urbana extranjera, sin más prórroga, para complementar los modos de financiación vigentes y apoyar su pronta recuperación.

A la vez, no se aprovecha el potencial de la ciudad para captar inversión y generar fondos propios desde el sector privado local quien, a pesar de regulaciones públicas poco facilitadoras, demuestra más de un éxito en este empeño, muchas veces sobre la base de capital transferido desde el exterior a familias residentes, lo que es considerable como formas de inversión extranjera solapada. Cuadras enteras se han reanimado durante el último trienio en ciertos barrios emergentes como resultado del mercado inmobiliario permitido entre nacionales, mientras negocios de emprendedores mejoran la funcionalidad de la ciudad. Junto al cooperativo, es un actor que merece extenderse hacia programas más complejos, articulados con la inversión extranjera de escala media, pero que obliga a darle asesoría para actualizar su falta de habilidad técnica y de referencias cultas.

La ciudad productiva encarna la puesta en valor de su legado y potenciales vistos desde el aprovechamiento sostenible de oportunidades locales y globales. La Habana posee suficientes atributos para navegar con éxito en el mar de las commodities. No es de olvidar el nuevo escenario de buenas relaciones internacionales para este país permitido, abierto gracias a renovadas políticas nacionales, cuando el acoso norteamericano pierde terreno y a regañadientes “reconoce” la presencia cubana en su vecindad. Sería imperdonable malograr esta coyuntura y tolerar que, en virtud de una gestión pública vertical e ineficaz, se repitan aquí los errores de ciudades alguna vez icónicas, luego homogeneizadas por la globalización, más aun cuando es evidente que a ello aspiran en La Habana ciertas firmas internacionales a quienes la ineptitud podría convertir en ganadoras.[7]

Junto a estos desafíos conviven fortalezas equilibradoras: la presencia de un poder central estable y estructurado que podría conducir este proceso desde la modernización del sector público, mitigando el impacto negativo sobre los grupos vulnerables; la posibilidad de estimular y traer de vuelta a una parte del capital humano más experimentado en la recuperación, diseño y planeamiento de la ciudad; el renacer de voces institucionales —la UNEAC, Fábrica de Arte Cubano, o la revista Temas— que contribuyen a concientizar sobre arquitectura, diseño urbano y sostenibilidad; la certeza de que Cuba es lugar seguro y La Habana buen sitio para los negocios, lo que estimula la inversión externa e interna bajo nuevos marcos legales para respaldarlas; la existencia de arquitectos y diseñadores cubanos con talento y vocación creadora; la base técnico-normativa ya estudiada para intervenir ordenadamente en ciertas áreas habaneras; el alto grado de instrucción de la población cubana y, la mayor ventaja, la ciudad misma, con sus oportunidades de inversión en casi todas las áreas y un entramado sociocultural e identidad únicos en medio de una región en la que ocupa una localización geoestratégica privilegiada.

Demostrado financieramente en su Centro Histórico, la capital podría reconvertirse de ciudad dependiente en metrópoli capaz de costear buena parte de su recuperación a partir de la reinversión de sus plusvalías urbanas. Desconcierta saber que la urbe que genera alrededor de 50% del PIB cubano no resulta aún comprendida ni gestionada como una entidad productiva sistémica, sino como feudos sectoriales que no crean cadenas de valor. La industria de la ciudad es viable si se le entiende como generadora de capital y desarrollo, no como consumidora de recursos que no existen, lo que resulta hoy la excusa perfecta para el no hacer. Mas lo no explicitado en este tema es cuál sería la estrategia —real y práctica— para la sostenibilidad urbana al admitir la inversión extranjera a escala de toda la ciudad, no solo en un municipio. Ello podría darse desde diferentes aproximaciones dependiendo del escenario socioeconómico y de mercado deseado, lo que escapa a este alcance para entrar en las políticas de la nación y del sector público. Además de las conocidas, algunas posibles acciones sugeridas serían:

• Inversión en sistemas de redes ingenieras, recolección de aguas albañales o tratamiento y conducción de agua potable, desde las lecciones aprendidas en Aguas del Oeste, una abolida empresa mixta que ya trabajó este eje.
• Manejo y gestión sostenible de desechos sólidos y materias primas, mediante empresas mixtas con compañías experimentadas, vinculando al sector privado local en su implementación.
  Inversión para el reciclaje de instalaciones inoperantes o subutilizadas, de todo tipo o escala, reincorporándolas al sistema productivo y de servicios. El borde costero podría aportar valor paisajístico y un importante fondo edificado a reciclar.
• Asociaciones mixtas de escala media, con actores locales que operan fondos propios, incluyendo sector privado, gobiernos locales, Iglesias, entidades internacionales, ONG o agencias de cooperación, constituyendo capitales mancomunados, capacitando en cogestión o promoviendo servicios e inversiones de orientación social y renta compartida.
• Importación, distribución, asesoría, venta mayorista y minorista de insumos para la autoconstrucción o rehabilitación de edificaciones y sistemas ingenieros urbanos. Si Coca-Cola podría venderse en Cuba, ¿por qué no Home Depot?
• Saneamiento y reanimación de sectores ribereños, trocando la descontaminación o rehabilitación costera y marítima por exenciones o facilidades para la inversión extranjera en parques temáticos, marinas, atraques ligeros, dragados y similares. Estas transacciones forman una práctica internacional en la que las partes negocian ventajas sobre la base de concesiones mutuas, bajo la modalidad del “ganar-ganar”.
• Validar también el “ganar-ganar” al autorizar inversiones inmobiliarias en zonas centrales, previa obligación de rehabilitar el entorno urbano inmediato en que ellas se insertan.
  Servicios de transporte marítimo: ferris, cruceros y cabotaje internacional, que incluiría el uso de la larga faja costera para la transportación masiva de ciudadanos entre el este y el oeste de la ciudad, con atraques intermedios articulados al transporte local de superficie y al internacional hacia y desde los Estados Unidos, México y Bahamas.
• Promoción de empresas mixtas de transporte urbano basadas en cogestión local, venta o propiedad del medio móvil, cualquier modalidad que sea.
• Reforma tributaria y estímulo a una nueva política de captación de capital impositivo derivado del negocio urbano y su reinversión capitalizable. Modernización fiscal con énfasis en el sector privado extranjero y local. Promover incentivos que graven menos a los actores que más tributen a la buena imagen y al desarrollo urbano.
• Apoyo externo y beneficios extras para PyMES, cooperativas y pequeños emprendedores que generen impactos y sinergias a escala de ciudad, como en el Callejón de los Barberos o la Plazuela del Ángel. Potenciar mayores utilidades para los que más aportan a la ciudad.
• Facilitar la intención de gobiernos, ONG, agencias de cooperación y de la ONU para cogestionar o financiar a gobiernos locales y emprendedores habaneros, priorizando al sector productivo autónomo vinculado a la rehabilitación y la conservación urbana.
• Promoción de una banca nacional, en alianza internacional, enfocada a la rehabilitación urbana en apoyo de los sectores público y privado. Hipotecas, préstamos, compra-venta y subasta de propiedades, créditos blandos a la inversión local, y otros servicios financieros.
• Promoción de alianzas y articulaciones entre el pequeño y mediano sector privado externo y el capital público o privado nacional para respaldar la rehabilitación. Pequeños talleres, fábricas de escala media y la empresa estatal municipal crearían redes o asociaciones mutuas de productores menores, promoviendo sinergias y cadenas productivas locales.
• Facilidades de operación para compañías extranjeras innovadoras, de telecomunicaciones, farmacéutica, software o alta tecnología, que aprovechen la notable capacidad técnica del capital humano habanero. Telefonía, acceso a Internet, redes de cable, venta de paquetes para comunicaciones residenciales o empresariales, etc.
• Prospección petrolera ecoamigable en el este capitalino, garantizando el buen manejo y control de su grave amenaza ambiental y urbana.

La ciudad se terciariza, luego se estratifica

El mayor reto a que nos expone la inversión extranjera directa es la de convertir la imagen capitalina en la globalizada caricatura de sí misma —también disfuncional en la justicia y equidad— mientras se pretenden mantener los beneficios sociales que han constituido su bandera política esencial. Las ciudades de las llamadas “economías en transición” son referencias en el tema, tras reducirlas a estereotipos culturales, afectar su medioambiente, cambiar su identidad y alojar gran segregación social. Posiblemente sea esta la principal excusa en el sector más ortodoxo del pensamiento cubano para ralentizar, incluso impedir, que La Habana escale la cuesta de la inversión extranjera y capture capital adicional en la enorme cuantía necesaria. Es curioso que recientes relatorías técnicas y opiniones de funcionarios cubanos no reparen aún en esta realidad financiera, cuando tal vez no existe ya otra opción para el sector público tras fallar medio siglo de ensayos urbanos habaneros.

El mundo no es hoy el que queremos, sino el que emergió irrebatible. Tampoco La Habana actual es la que deseamos, sino la que tenemos, pero sería imprudente dejarla como está, resquebrajando la imagen país, hundiendo ciudadanos entre sus ruinas, tornándolos en vándalos insatisfechos en sus barrios, mientras se desatienden oportunidades de desarrollo que el nuevo escenario pudiera reportarle. No aparece más alternativa que asumir el contexto real y hacer lo mejor posible por remontar lo que no gusta en él.

El eficaz modelo de gestión implementado en La Habana Vieja desde 1993 demuestra, sin dudas de aclimatación, con éxito probado, que autenticidad, inversión extranjera, mercado y equidad pueden articularse. Ello no parece haber sido leído por una burocracia negada a replicar el ejemplo y hacerlo extensivo a muchísimas ciudades cubanas de igual potencial, incluso en otros municipios de La Habana, con lo que les han diferido tres décadas de probable solución. La tecnocracia apunta a la negación de todo diagnóstico democrático, habituada a que la realidad será como ella lo ordena, y no como la demandan los ciudadanos, con lo que el poder socioeconómico real termina imponiéndose a contramano y saltándose sus reglas. Por ello, desde mediados de los años 80, la ciudad apunta indetenible hacia el oeste a pesar de que desde los 60 —aun desde los años 50— los planes urbanos suponían conducirla básicamente hacia el este.

Déficits estructurales para abordar la inversión extranjera en la ciudad se advierten también en importantes documentos estratégicos del país, dejándola desprotegida frente al proceso. Los “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista del año 2011 —a revisar en el próximo VII Congreso— no abarcan conceptos como “ciudad”, “urbanismo”, “hábitat construido”, o similares, y solo unos pocos tocan transversalmente el eje (No 120, 163, 292, 302), mientras ninguno de los siete lineamientos del capítulo “Vivienda” se enfoca estratégica ni holísticamente en la escala de ciudad, menos aún como receptora de inversión extranjera. El capítulo “Turismo” no propone acciones concretas para su principal destino urbano, aunque este le aporta casi 45% de las utilidades. Los capítulos que analizan inversiones, política fiscal, economía, planificación o ejes similares no manejan el potencial de la ciudad, vista como sector de inversión, mercado e industria generadora de capital. Las oportunidades derivadas del actual escenario global urbano no están aprovechadas a pesar de la notable identidad y autenticidad de nuestras ciudades, no visualizadas en el “producto Cuba” y, por ello, no asumidas como imagen país. Por su parte, la nueva Cartera de Oportunidades de Negocios 2015, abierta tras aprobarse la Ley 118/2014 para la inversión extranjera, propone 326 proyectos para atraer capital hacia áreas económicas prioritarias, pero solo tres de ellos (0,9%) apuntan directamente a satisfacer demandas urbanas de la ciudad cubana que más tributa al PIB.

Para asumir una tercerización “noble” en correspondencia con la política social cubana, minimizando la segregación, manteniendo su legado e identidad, abierta a la inversión foránea y local, con justicia y equidad, se deberán realizar diagnósticos participativos y democráticos, reconocer estas variables complejas y sumarlas también al diseño de las implementaciones, con la cultura como eje transversal. Es innegable que el mercado y la inversión extranjera, articulados a actores inmobiliarios locales, pudieran acarrear estratificación social pero el hecho es que ella existe hace mucho en zonas habaneras nunca nombradas, lo que dejó abiertas las puertas para que el indeseable proceso se haya extendido sin contra-respuesta. Negarlo sería más que ingenuo, desastroso para la ciudad; peor aún no manejarlo adecuadamente para disminuir su impacto social conduciéndolo hacia las metas que interesan.

El mapeo de resultados del Censo Nacional de Población del año 2002 confirmó que en el norte capitalino (municipios Playa, Plaza, etc.) existía por esa fecha una ciudadanía adulta, primordialmente blanca, instruida, y económicamente estable, mientras al sur (municipios San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, etc.) habitaba otra con menor escolaridad, básicamente mestiza, que hace parte esencial del sector informal de la economía capitalina.[8] A esta antigua dualidad y segregación espacial se añaden ahora las diferencias de oportunidad destapadas por el mercado inmobiliario. En el año 2014 era comprobable que las viviendas más caras se ubican en la franja costera norteña, mientras las más baratas aparecen en ese sur degradado que se acerca al borde agrícola, deprimiendo también el valor del suelo allí.[9] Lo llamativo es que no necesariamente se trata de que la propiedad ubicada al sur sea siempre inferior, en su sentido funcional-físico-espacial-paisajístico, sino que es su infortunada localización quien las deprecia, en claro signo excluyente del lugar donde viven “los otros”. Esta brecha es imputable a viejas tensiones relacionadas con la deuda social habanera, no con la anunciada apertura a la inversión extranjera, la que también podría venir a aportar el financiamiento necesario para mitigar tal disparidad. Esta estrategia urbana pasaría por ciudadanos, administradores, políticos, planeadores y decisores sensibles, cultos, entrenados, que no están disponibles y lastran hoy el sector público cubano.

La argumentación concluye, la ciudad ¿se reinicia?

La Habana significa una gran oportunidad para la inversión extranjera, que ella misma necesita con urgencia para respaldar su desarrollo. Pero existen serios déficits para asumirla de inmediato y que transcurra sin tensiones ciudadanas, preservando la justicia social. El riesgo de inutilizar su cultura y excepcional patrimonio es también muy alto lo que podría minimizarse si se introducen políticas y acciones públicas articuladas al marketing de ciudades, incluidas las de capacitación, planeamiento transparente, diagnóstico participativo, manejo democrático y sensibilización. No hacerlo arruinará su singular imagen e identidad sacándola del competitivo escenario urbano global, si pierde lo que la diferencia.

Los últimos treinta años de incidencia urbana en casi todo el municipio Playa prueban que no vale desatender, ni negar con soberbia, a las fuerzas socioeconómicas que matizan y modifican ciudades en el mundo globalizado de hoy. Ellas dejaron su impronta allí y sin dudas lo harán también en Tarará, el Malecón, o el codiciado borde costero de la bahía habanera. Sería más inteligente comprenderlas y dominarlas bajo intereses nacionales y no externos, con quienes tendremos que aprender a articularnos en pie de igualdad, abiertos al mundo. De ello deberá encargarse la administración del país —y la de la ciudad— cuidando que las leyes del mercado se subordinen a las políticas públicas, culturales y sociales.

La Habana cambiará, es inexcusable.

Lo más atinado sería actuar ahora para que no se pierda después, sino se refunde mañana, anclada en su memoria, significados urbanos y ciudadanía, aunque aquí y allá le aparezcan los bienvenidos signos de los nuevos tiempos.

Después de todo, siempre fue así.

Después de todo, tendrá que volver a ser así… o preparémonos a perderla.