Este artículo pertenece a la serie Comunicación y política de medios.

Catalejo, el blog de la revista Temas, inicia con esta serie, dedicada a Comunicación y política de medios, el debate sobre un conjunto de problemas referidos al modelo de prensa vigente, así como a otras cuestiones de la comunicación social en un sentido más amplio. Esta serie se focaliza en torno a un grupo de tópicos cuyo interés atañe no solo a los profesionales del gremio, sino a una agenda política planteada desde enero de 2012, y que ha sido objeto de debate público en estos últimos años. La serie se abre a los siguientes tópicos: 

¿Existe un modelo de política de comunicación universalmente aceptado –o diversos modelos propios de distintas regiones o países? ¿Alguno podría resultar más apropiado, útil o viable para Cuba?

¿Cómo se podría caracterizar la esfera pública realmente existente en Cuba, en lo concerniente a acceso a información, medios de comunicación, libertad de expresión? ¿Cuáles prácticas resultan progresivas, y cuáles no? ¿Cómo se diferencia internamente el campo de los medios públicos o estatales? ¿Cómo el de los medios no estatales? ¿Cuáles son los requerimientos de un sistema de comunicación para un nuevo socialismo?

¿Hasta qué punto las regulaciones vigentes responden a las necesidades
de ese nuevo sistema de comunicación? ¿Cuáles son sus avances y deficiencias? ¿Qué beneficio y qué costos tendría posponer el tratamiento de estos problemas hasta el calendario legislativo de 2023-2028, mediante una Ley de comunicación? ¿Qué concepciones y prácticas deberían anticiparse a esa Ley, para ir transformando la cultura política de la comunicación?

---

Revista Temas (RT): ¿Existe un modelo de política de comunicación universalmente aceptado –o diversos modelos propios de distintas regiones o países? ¿Alguno podría resultar más apropiado, útil o viable para Cuba?

Ricardo Ronquillo (RR). En realidad, lo que existen son valores comunicacionales universalmente aceptados. Si se compara, por ejemplo, el Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco, veremos que casi todos los demás códigos de esa naturaleza en los distintos países casi los recogen de manera idéntica o bastante parecida, para hablar de valores deontológicos que tienen una enorme significación en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Podría decirse que son valores profesionales y morales universalmente compartidos.

Podemos repasar por capítulos ese código internacional y someterlo a comparación con sus iguales a escala de la mayoría de los países y nos asombraremos de las similitudes y cercanías que comparten.

Pueden mencionarse el derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación.

La adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.

La responsabilidad social del periodista: En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.

La integridad profesional del periodista: El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté empleado.

El acceso y participación del público: El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de respuesta.

El respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre: El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista.

El respeto del interés público: Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas y de la moral pública.

El respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas: El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural.

El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca en la paz y a justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional.

La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada: El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo.

Lo mismo podríamos decir acerca de preceptos constitucionales que están prácticamente recogidos en todos esos instrumentos superiores normativos en el mundo, como la libertad de prensa, pensamiento y expresión, que derivan —como los valores éticos—, en las diferentes políticas nacionales de comunicación.

Pero lo cierto es que pese a que se reconocen como valores y principios universales, su plasmación en las políticas y su concreción en la vida práctica de las naciones y de la humanidad pasa por interpretaciones diversas, en correspondencia con las visiones y sistemas ideopolíticos existentes y el lugar que se ocupa en la escala de poder internacional. De lo contrario no tendríamos que estar hablando desde hace ya tanto tiempo que se pierde en la memoria de la necesidad de un nuevo orden mundial de la información, que en realidad no derivó en otra cosa que en el nuevo desorden mundial de la manipulación, que es lo que prevalece en este pandémico siglo XXI. La situación es tan grave, que todos nos ubicamos sin distinción en la denominada era de la posverdad.

Desafortunadamente, la llamada sociedad de la información y sus cumbres mundiales no arrojan tampoco, más recientemente, los equilibrios y la sensatez necesarios en medio de este caos manipulador mundial, sino más bien lo acentúan. Esa es la razón que provoca que las organizaciones de la sociedad civil estén enfrentadas a la forma en que se está configurando la mencionada sociedad.

Está bastante bien estudiado y reconocido que las actividades y los presupuestos orientados al logro de las metas sociales fueron insignificantes en comparación con los enormes cambios forjados por la re-regulación y la privatización de la infraestructura en telecomunicaciones. En América Latina, por mencionar una zona del mundo, todos los nodos de comunicación pasan por Estados Unidos.

Los países más ricos y poderosos tienen su versión muy peculiar de esa sociedad global, que no busca otra cosa que el predominio de sus intereses de dominación e influencia globales en detrimento de los intereses soberanos de los pueblos y sus derechos básicos a una vida digna. No son pocos los que denuncian que esa llamada sociedad de la información debe considerarse como un invento de las necesidades de globalización del capital y de los gobiernos que la apoyan, pese a determinados avances en algunas áreas del mundo, que sin embargo no resuelven las enormes brechas digitales —y otras dolorosas brechas— y sus amargas consecuencias en todos los sentidos.

La crisis total —así le catalogan algunos analistas— que provoca la pandemia del coronavirus está demostrando, por otra parte, la fragilidad de los tan elogiados sistemas privados de prensa, que no faltan quienes lo vean como la solución a los problemas que hemos tenido con la comunicación y la prensa en Cuba. En realidad podría afirmarse que hay una revalorización de la trascendencia de los sistemas públicos en áreas muy sensibles, entre las que no puede desconocerse la prensa.

Esos sistemas privados han sido severamente afectados por el duro resfriado de la pandemia. En Italia ello provocó que las cuatro principales asociaciones de editores de prensa y publicaciones periódicas —AEEPP, ARI, CONEQTIA Y ARCE—, en las que confluyen 260 grupos editoriales y más de 60 millones de lectores, se vieran precisados a enviar un documento conjunto al Gobierno en reclamo de medidas que eviten el derrumbe del sector y la desaparición de publicaciones y periódicos.

La fiebre coronavírica que afecta a la prensa también calienta los termómetros en España, donde los propios responsables del sistema reconocen que la situación de los medios de comunicación se vuelve, nada menos, que «ruinosa».

Las asociaciones de editores de prensa y las de radio y televisión privadas lanzaron un grito, según reconocía el diario El País, pues pese a las audiencias disparadas y un fuerte despliegue informativo, la publicidad se ha desplomado como consecuencia del parón de la economía y las medidas de emergencia adoptadas. Y esto amenaza, advierten, con desencadenar un proceso de ajuste más duro incluso que el emprendido tras la crisis de 2008, que implicaría una fuerte destrucción de empleo si no el cierre de cabeceras y emisoras.

Todo lo anterior les obligó a urgir al Gobierno a establecer medidas de apoyo para sostener su actividad, esencial para los ciudadanos, un plan que pasaría por avales y créditos blandos para las empresas de medios, bonificación en las cuotas de Seguridad Social, a cambio de mantener el empleo, y por reforzadas campañas de publicidad institucional.

Es tanto el impacto del virus que Fernando Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), señaló que «si no se articulan ayudas, va a ser un tsunami y una tragedia para la democracia».

Antonio Fernández-Galiano, presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a las principales cabeceras de prensa españolas, sentenció que se enfrentan a algo inédito, «el desplome de ingresos cuando tenemos menos capacidad financiera que en la anterior crisis».

Todo este panorama anterior demuestra que si algo falta es una política de comunicación universalmente aceptada, o un referente único sobre el cual erigir cualquier modelo. Tal vez el modelo sea realmente aquella idea de José Carlos Mariátegui de que este tiene que ser creación heroica, sobre todo en esta amada Cuba sobre la que se depositan tantos amores, como pesan innumerables prejuicios y aprensiones, mientras se enfrenta a unas de las maquinarias de propaganda y tergiversación más agresivas e inmorales de la historia del mundo.

Como en otros muchos ámbitos de la vida cubana sometidos a profundas rectificaciones hay experiencias y modelos del mundo que sirven como referentes y que, por supuesto, son analizados. Participé del tribunal de una tesis de graduación de la facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, por ejemplo, que resulta muy interesante para analizar las experiencias europeas de modelos públicos de prensa. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el de la sostenibilidad económica de esos medios, con una combinación de fondos públicos, formas de autofinanciamiento y hasta de impuestos a la ciudadanía.

Por el tipo de sociedad y sistema político que hemos escogido la mayoría de los cubanos, refrendado en la nueva Constitución, no pueden desconocerse las experiencias de transformación que viven los modelos de prensa de países socialistas como China o Viet Nam. También son de interés las constituciones nacidas de los gobiernos populares y de izquierda de América Latina —que debieron enfrentar y enfrentan modelos privados de prensa convertidos en verdaderos partidos políticos, como ha denunciado el expresidente Rafael Correa— muchos de los cuales  intentaron hacer más justicieros y equilibrados sus respetivos sistemas de prensa y los que no lo hicieron o intentaron hacerlo lo lamentan hasta hoy.

RT. ¿Cómo se podría caracterizar la esfera pública realmente existente en Cuba, en lo concerniente a acceso a información, medios de comunicación, libertad de expresión? ¿Cuáles prácticas resultan progresivas, y cuáles no?

RR. Desde finales del año 2018 se observa un giro importante en el país. En ese momento manifestábamos que si fuéramos de la Sociedad Yoruba de Cuba, diríamos que la letra del año 2018 había sido la comunicación. Apreciamos, desde la dirección política del país, un cambio en la concepción. La entrevista de Díaz-Canel con Telesur, que llamó mucho la atención por aquella fecha, era muy reveladora en este sentido.

El actual Presidente de la República comenzó por decir en aquel diálogo que la comunicación es importantísima como un recurso estratégico del país, un recurso de dirección política, de conexión con la gente.  Una de las ideas más revolucionarias que planteó es que la prensa debería formar parte de los mecanismos del control popular.

Una sociedad tiene distintos mecanismos de control: políticos, institucionales, jurisdiccionales y los mecanismos de control popular. Como consecuencia de las condiciones en que se levantó la Revolución cubana, de permanente agresión, acosada y bloqueada económicamente, muy cercana a los EE.UU., se condicionó que, por lo general, prevaleciera que la prensa formara parte de los mecanismos de control político.

Ahora bien, en los últimos tiempos se ha ido abriendo paso la concepción de que la prensa tiene que formar parte de los mecanismos de control popular. Y el hecho de que Díaz-Canel, que forma parte de la nueva generación de dirigentes revolucionarios del país, esté consciente y haya sido un defensor y uno de los principales impulsores de los cambios en la concepción sobre qué debe ser la comunicación y la prensa en Cuba, nos da una señal de cómo están cambiando las maneras en que veíamos estos problemas hace unos años. Paralelamente se fue desarrollando el denominado Programa de Informatización de nuestra sociedad, pautado por etapas, así como el llamado Gobierno electrónico, que apuntan a darle cuerpo también a la política de comunicación, la primera aprobada después del triunfo de la Revolución.

No olvidemos que la tarea esencial que nos dio el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba fue la de fundar un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo cubano. El solo hecho de que reconozcamos la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo es una expresión de cambio extraordinaria.

Antes nos confiábamos en que teníamos un sistema de prensa pública muy bien estructurado y teníamos garantizada la hegemonía de las influencias. Pero el escenario infocomunicacional del país ha ido cambiando y ya las audiencias reciben información, criterios a partir de múltiples canales comunicativos que no son, necesariamente, siempre los medios públicos o de las organizaciones políticas y de masas el resto de los medios legalmente reconocidos actualmente en el país. También está cambiando radicalmente la sociedad cubana.

En un debate que hacíamos en el Instituto de Periodismo José Martí, ponía el ejemplo de cómo siempre en los consejos nacionales de la UNEAC, en las reuniones de la AHS, discutíamos en torno a la integración de los medios públicos en la defensa de las llamadas jerarquías culturales. Ahora, muchas veces, sin que ningún medio público les haya dado visualidad a algunos de los artistas emergentes, estos son conocidos más rápidamente que los que aparecen en los medios públicos.

Esto nos dice que la influencia del sistema de medios públicos de nuestro país dependerá de su capacidad para adaptarse a los desafíos del nuevo escenario infocomunicacional. Tenemos que cambiar los códigos.

Hemos reconocido en los últimos años que el modelo de comunicación de nuestro país tiene que superar una crisis estructural en distintas dimensiones. Y no hay que tenerle miedo a reconocer que es una crisis de un modelo que fue exitoso durante buena parte del período revolucionario, pero que ya daba señales de fracturas desde los años 80 del siglo pasado, en los que se llegó hasta plantearse la necesidad de una ley de prensa.

Esos problemas estructurales se expresan en la economía de los medios y de los periodistas, en la relación entre el sistema de medios y el sistema político y de instituciones, desde el punto de vista jurisdiccional, ante la ausencia de regulaciones legales que establezcan claramente cuáles son los derechos y deberes de los periodistas y los medios en el contexto social de nuestro país, y el del resto de las instituciones y la sociedad. Las fisuras son visibles además desde el punto de vista del discurso, dejando atrás las confusiones entre periodismo y propaganda.

Estudiosos de nuestro país, incluido el Premio Nacional de Periodismo José Martí Julio García Luis —ya fallecido—, defienden la idea de que nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo más autónomo, más autorregulado, con una mayor capacidad de los medios para tener autonomía editorial y económica. Y una última dimensión de esa crisis estructural, que me parece básica y esencial, tiene que ver con que se ha resentido su credibilidad. Tenemos que ser honestos y reconocerlo.

Después del debate a que se convocó al país tras la toma de posesión del Raúl, en aquel discurso en Camagüey un 26 de julio, aparece por primera vez un cuestionamiento sobre la credibilidad de medios públicos de nuestro país, en un momento en que esa es como la piedra preciosa, la esmeralda soñada de cualquier modelo de periodismo que pretenda ser exitoso en la época de la posverdad. 

Es una gran preocupación que nosotros debemos tener. Porque en un contexto en el que nuestros ciudadanos tienen múltiples influencias por diversos canales, incluyendo los que ofrecen las nuevas tecnologías, la influencia que tengan nuestro sistema de medios públicos va a depender esencialmente de la autoridad, prestigio y ascendencia que tenga ante sus destinatarios.

Por otra parte, hay una migración de las audiencias hacia Internet y hacia las redes sociales. Hay datos que dicen que cada cubano que entra a Internet, inmediatamente se une a una red social. En el caso de Cuba, la gente está accediendo a Internet, primeramente, por las redes sociales. Ahí tenemos canales que están movilizando a la gente, formando valores, al margen, a veces, del sistema de medios públicos del país y del sistema de valores que defendemos para nuestra sociedad. ¿De qué manera este sistema de medios públicos es capaz de salir a conquistar a esas audiencias en los nuevos escenarios?

Nosotros tenemos, por un lado, que fortalecer las plataformas tradicionales y, por el otro, avanzar aceleradamente en conquistar los públicos en estos nuevos escenarios. Una buena parte de nuestras audiencias tienen una ciudadanía virtual. Entonces, si nuestro sistema de medios públicos no es capaz de entender el significado de esa realidad para la construcción simbólica de nuestra sociedad, sería un gravísimo peligro para el proyecto político de la Revolución el que no logremos adaptar el sistema de medios públicos a este escenario contemporáneo.

Tras la elección de la nueva presidencia de la UPEC asumimos que el trabajo de la organización tiene tres direcciones esenciales: Una que tiene que ver con nuestra responsabilidad en la sensibilización de toda la sociedad sobre la transformación que implica la Política de Comunicación del Estado y Gobierno para el cambio de las concepciones que hemos tenido. La otra, que cada medio de prensa logre transformar su modelo de gestión editorial y su modelo de gestión económica. Y, finalmente, y no por mencionarlo de último menos importante, representar los intereses profesionales y humanos de los periodistas cubanos.

La Política de Comunicación abre enormes posibilidades de transformación en el sistema de medios públicos del país. Durante muchos años, por mencionar un ejemplo, tuvimos prejuicios en Cuba con el uso de la publicidad y el patrocinio. La Revolución defendió otros conceptos en un período determinado por razones que se justificaron en su momento, pero realmente ha ido cambiado el contexto económico del país. Ahora tenemos pluralidad de formas económicas. Por tanto, la publicidad se convierte casi en una necesidad del nuevo contexto económico, y las regulaciones que existen hoy impiden al sistema de prensa, por ejemplo, usar la publicidad en el sostenimiento económico de los medios. Uno de los problemas a resolver es que tenemos un sistema de medios públicos y sociales excesivamente regulados, al punto de que en algunos aspectos es paralizante, mientras va creciendo un ecosistema en paralelo absolutamente desregulado.

La política de Comunicación va a permitir que los medios públicos del país tengan nuevas maneras de sustentarse, no solo a través de la publicidad. Se está hablando del cambio en los modelos de gestión de la prensa. La política de comunicación nos da tres posibilidades. Primero, el presupuesto del Estado (tenemos una prensa pública y es responsabilidad del Estado sustentar el sistema de los medios públicos); segundo, las formas presupuestadas con tratamiento especial, y tercero, la posibilidad de constituir en Cuba empresas de comunicación.

Es verdad que este tema ha generado debates, porque el país está avanzando hacia caminos inéditos que siempre van a generar puntos de vistas divergentes. Otro asunto delicado que se debate es cuáles serían los medios oficiales y cuáles no; un tema prácticamente tabú en otros momentos.

Una señal de cambio importante es la resignificación o reivindicación de la «transparencia», palabra que causaba bastante rubor o resquemor entre nosotros, a partir de las consecuencias de la glásnost en los países del llamado socialismo real. Estamos hablando con mucha claridad de la necesidad de instituciones transparentes, de rendición de cuentas, de control popular, ciudadano y social.

No es casual que esa sea la palabra que definiera la forma en que nuestro Estado, el Gobierno, las instituciones y el sistema de medios afrontarían la grave pandemia del coronavirus, en medio de la cual han ocurrido fenómenos tan curiosos como la exposición en cadena de graves delitos y hechos de corrupción en nuestros medios, algo muy revelador para nuestros anteriores estándares.

En definitiva, van apareciendo los contornos de ese nuevo modelo de prensa al que aspiramos, que desde mi punto de vista dependerá de tres pilares esenciales: un nuevo tipo de relación entre el sistema de medios públicos y el sistema de instituciones, un nuevo modelo de gestión editorial y un nuevo modelo de gestión económica.

RT. ¿Cómo se diferencia internamente el campo de los medios públicos o estatales? ¿Cómo el de los medios no estatales? Cuando la Constitución establece que “en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada,” ¿admite la existencia de medios privados "no fundamentales"? Por otra parte, ¿lo que define a un medio público es solo el tipo de propiedad? ¿Puede un medio estatal no ser público o un medio privado serlo? 

RR. Este es un tema de debate en nuestro país desde hace tiempo. Convengamos en que todavía denominamos medios públicos a algunos que no lo son, en base a lo que se reconoce internacionalmente o, al menos, que esa pertenencia puede ser discutida. Tal vez tiene que ver con el hecho de que, por la propia naturaleza y propósitos de los medios en Cuba, todos los fundamentales tienen una innegable vocación de servicio público, con independencia del propietario. Sus perfiles, contenidos, principios y líneas editoriales tienen, indiscutiblemente, una trascendencia mayor, afectada —es honesto reconocerlo—, por mediaciones y dependencias institucionales que se buscan  conjurar y que impidieron que los directores —tal como está reconocido en los documentos políticos y programáticos del país en estos asuntos— fueran siempre los responsables de las decisiones editoriales. El ideal en este aspecto en Cuba es la anhelada “autorregulación”, un concepto muy autóctono nacido de la indagación y la lucidez de  Julio García Luis, uno —sino el más— prominente de nuestros estudiosos y críticos en este ámbito.

Esto merecería otras profundizaciones, pero lo importante, más que discutir cómo fuimos, y todavía en buena medida aún somos, es que se avanza hacia definiciones más claras y perdurables. No es casual, como ya decía, que estemos haciendo una redefinición de medios oficiales y no oficiales.

La nueva Constitución pone luz en este asunto, al determinar que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Si miramos la composición de nuestros medios podemos identificar, muy claramente, con base en esa definición, que está claro que requiere de disposiciones complementarias, como en otros aspectos sensibles de la nueva Carta Magna, en las que ya se trabaja.

La UNESCO, que incluso creó una guía de principios y buenas prácticas para los medios públicos, basada en la experiencia y situación de América Latina, deja una definición, que podría de alguna forma también servirnos de referente, sin dejar de considerar las particularidades de nuestra sociedad:

La cobertura de sus servicios, que inicialmente comprendía una variante geográfica y socioeconómica, pero que a partir de la convergencia tecnológica comprende también la extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dispositivos de uso de información y entretenimientos; la independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente, que condicionan la autonomía del funcionamiento; la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil; la pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de su programación; el mandato de servicio público establecido por la regulación; rendición de cuentas (accountability) a la población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno; la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias, la provisión de contenidos ausentes o de débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria.

Hay que admitir también que no todos tienen claridad del alcance real, amplitud y pluralidad de los medios en Cuba, que supera bastante las simplificaciones que se hacen. Una exploración de fondo evidenciará que es más rico y complejo que esa malsana caricaturización que intentan establecer algunos para desacreditar el modelo político del país y contribuir a su desmontaje. Tampoco faltan lo que pretenden imponer, con fondos millonarios, becas y proyectos de todo tipo, fórmulas ajenas a los intereses y necesidades reales del pueblo cubano que, hay quienes olvidan, ya tuvo una larga experiencia seudorrepublicana de preeminencia de medios privados.

Cambia el país y con ello cambia y cambiará el ecosistema mediático nacional en base a esa supremacía de la propiedad socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas, sociales y de masas establecida por consenso mayoritario del pueblo, que tendría que ser suicida para privarse de sus medios de comunicación esenciales para privatizarlos.

Confieso que siento dolor cuando leo o escucho a los que dicen hacer un periodismo «independiente» y promueven la prensa privada en Cuba mientras proclaman a los cuatro vientos, con orgullo vergonzante, que sus fondos vienen de agencias de Estados Unidos que, está claramente investigado, no son más que tapaderas de la CIA y otras agencias para el ejercicio de su hegemonía mundial, para poner y quitar gobiernos a su antojo.

El guion de esa película fue magistralmente descrito en un texto que se presentó en alguna de nuestras ferias del libro y se titula La CIA y la guerra fría cultural, de la periodista británica Frances Stonor Saunders. En el libro se desnuda la campaña secreta en la que algunos de los defensores más entusiastas de la libertad de pensamiento en Occidente, entre estos George Orwell, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre y Arthur Schlesinger, Jr., e intelectuales renombrados de los antiguos países socialistas, terminaron por convertirse, consciente o inconscientemente, en vulgares instrumentos del servicio secreto norteamericano.

Por el tipo de valores y propósitos liberadores que animan el proyecto socialista en Cuba y por la tradición de la que es heredero el periodismo revolucionario nuestro, con referentes tan extraordinarios y universales como Félix Varela o José Martí, el país tiene posibilidades tremendas para erigir un modelo público de prensa referencial para el mundo. Si en algún lugar de este planeta es posible erigir un tipo de prensa que forme parte de los mecanismos de control popular, y no de dominio y manipulación de los grandes grupos económicos y de poder es precisamente en Cuba.

 

RT. ¿Cuáles son los requerimientos de un sistema de comunicación para un nuevo socialismo? ¿Hasta qué punto las regulaciones vigentes responden a las necesidades de ese nuevo sistema de comunicación? ¿Cuáles son sus avances y deficiencias? ¿Qué normas (éticas, profesionales, legales) deberían regular el funcionamiento de un sistema de prensa de servicio público?

 

RR. Se conecta con una pregunta anterior. En un análisis sobre estos temas en el diario Juventud Rebelde me preguntaba: ¿Qué es lo más importante en una sociedad moderna e interconectada: la prevalencia de un amplio sistema de propiedad pública de los medios o la confianza de los destinatarios? ¿El tipo de propiedad de los medios garantiza de por sí la tan disputada credibilidad? Estas, como otras, están entre las preguntas que debemos hacernos en la Cuba que inició el camino hacia la actualización de su modelo de socialismo, y en consecuencia de su modelo de periodismo.

O tal vez debería formularse de otra manera la interrogante: ¿Garantiza el monopolio de la propiedad pública de los medios, el de la credibilidad, el de las influencias, el de la autoridad? El grado de exposición pública e información existentes en la actualidad requiere que el discurso, para ser efectivo, se legitime a sí mismo ante la opinión pública.

El Doctor en Ciencias de la Comunicación Julio García Luis sostenía que, desde luego, hay monopolios sobre el discurso mediático, grandes monopolios, parte de una grotesca tiranía, con diferentes escalas, locales, regionales, mundial; pero estos subsisten por su aparente porosidad, por su capacidad para mimetizarse, por su fingida independencia del poder real. Lo difícil, por el contrario, sería hoy un monopolio de pretensiones herméticas como los ya conocidos.

Agregaba que la ideología, realizada o no por medio del discurso, es lo que permite percibir el mundo —con cristales deformantes o con nitidez—; es lo que permite organizar el poder y el ejercicio de la hegemonía, y es lo que da la capacidad de control sobre los factores de la sociedad.

En el caso cubano, afirmaba, ese control no puede sustentarse en el engaño, en la manipulación de símbolos, sino en la adecuada información, interpretación, persuasión y convencimiento de la gran mayoría protagónica, en definitiva, del público.

Las redes sociales, el periodismo ciudadano, entre otros fenómenos, están cambiando radicalmente las formas tradicionales en las que se conformaba la llamada opinión pública y los consensos.

Así que otras preguntas que debemos hacernos son ¿cómo se construyen los consensos en la sociedad de la información en la que nos adentramos inexorablemente?, ¿qué papel desempeña el periodismo en la construcción de una auténtica y creíble hegemonía de la ideología revolucionaria? ¿Cómo los sistemas de comunicación pueden apropiarse de las nuevas herramientas para avanzar hacia formas más democráticas y participativas? ¿Cómo garantizar mayor autoridad y ascendencia ante los públicos, que tienden a atomizarse?

Lo cierto es que el sistema de comunicación pública de Cuba está desafiado por replantearse su autoridad ante los públicos, en base a lo único que la garantiza: la credibilidad; algo solo posible no solo con un cambio en el modelo de prensa, sino de todo el modelo comunicacional de la sociedad, y con una concepción verdaderamente revolucionaria que ubique a la prensa como parte de las formas de control popular.

Las indagaciones de los últimos años demuestran que esa endeblez estructural tiene diversas dimensiones, y por lo tanto de lo que se trata en la nueva coyuntura es de plantearse un cambio estructural, como quedó fundamentado en el último congreso de la Unión de Periodistas y en sucesivos encuentros profesionales y políticos.

Para superar esas tendencias tenemos, además de profesionales capacitados, la fortaleza de una tradición periodística y revolucionaria sedimentada por la más honda vocación de servicio, heredada de los fundadores de la nación, entre ellos el padre Félix Varela, quien al abordar la función y el alcance del periodismo apuntó: «Yo renuncio al placer de ser aplaudido por la satisfacción de ser útil a la patria». Su genial y fiel seguidor José Martí consideraba que la prensa debía ser el can guardador de la casa patria: «Debe desobedecer los apetitos del bien personal, y atender imparcialmente al bien público».

Ese legado debería servir también para los acostumbrados a la apología, los silencios y torceduras que nunca faltaron en el complejo camino de la construcción del socialismo.

Hay razones básicas para considerar la inviabilidad de que continuemos con el modelo de periodismo de dependencia institucional y de reafirmación que como regla prevaleció hasta hoy, y crezcamos hacia otro de confrontación de las mejores ideas revolucionarias.

El periodismo verticalista y de reafirmación, si bien permitió fraguar los grandes consensos que demandó el país frente a la agresividad de los gobiernos norteamericanos, y a estructurar un modelo de sociedad para unas condiciones históricas muy concretas, distorsionó las funciones de contrapeso y equilibrio de los medios, que ocurrió a la par de la de otras estructuras de confrontación democrática del país.

Esto ocurre cuando la Revolución actualiza su modelo económico, como el primer paso hacia graduales transformaciones, sobre las cuales, como ya hacemos —no sin dificultades e incomprensiones—, nos corresponde la responsabilidad histórica de ayudar a crear los necesarios consensos políticos y la vigilancia profesional, para evitar que se distorsionen sus alcances.

No podemos ignorar que la Revolución se adentra en su más dura prueba de fuego: el relevo de la generación histórica, mientras los medios cubanos cedemos gradual, aunque inexorablemente, el monopolio de las influencias, como resultado del auge de las nuevas tecnologías.

En este reajuste la prensa pública cubana debe tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contragolpe revolucionario.

RT. ¿Qué beneficio y qué costos tendría posponer el tratamiento de estos problemas hasta el calendario legislativo de 2023-2028, mediante una Ley de comunicación? ¿Qué concepciones y prácticas deberían anticiparse a esa Ley, para ir transformando la cultura política de la comunicación?

RR. Coincidimos con la apreciación que manifestó durante el debate y aprobación del cronograma legislativo en la Asamblea Nacional la diputada por Camagüey Daicar Saladrigas, directora de la multiplataforma Adelante. Esta manifestó que es preciso acelerar, en lo posible —dentro de la complejidad y variedad de cambios que ocurren en el país y las urgencias visibles de transformaciones en tantos aspectos sensibles en nuestra sociedad— lo concerniente a los cambios del sistema de comunicación y de prensa.

Sabemos que esto podría interpretarse como una apreciación sectorial un poco egoísta, pero no lo es para nada, todo lo contrario, en realidad busca preservar y solidificar uno de los sistemas esenciales para el país y el proyecto político de la Revolución. La opinión de la diputada tuvo una receptividad positiva en las autoridades pertinentes del país y se hará todo lo posible por avanzar en todos los aspectos sin esperar a los tiempos establecidos en el mencionado cronograma.

La comunicación es uno de los sistemas más cambiantes de la modernidad y de las implicaciones que esos cambios están provocando entre nosotros somos testigos casi diarios. Este no es un sistema cualquiera, los entendidos afirman que es un sistema bisagra del que dependen todos los demás, de ahí el carácter estratégico que se le reconoce en la política de comunicación aprobada.

Bastante superada la visión instrumental que le dábamos a la comunicación y el periodismo, sabemos ahora que forman parte de un complejo sistema de producción y reproducción simbólica, en el que el costo de nuestras falencias sería demasiado caro, porque esta es precisamente el área que los enemigos del socialismo han labrado con mayor primor y en la que es evidente que son más exitosos. Agréguele a lo anterior que el sistema de prensa es de todos los del país al que le está creciendo más aceleradamente, en paralelo, un sistema privado que, como ya expliqué, recibe fondos millonarios para su expansión.

De todas formas, creo que vale subrayar que los cambios no están, para nada, absolutamente detenidos esperando a que se cumplan los tiempos del cronograma parlamentario. Anteriormente expliqué varios ámbitos y formas en que se abren los horizontes de una nueva concepción de la comunicación y el periodismo.  

Terminaría diciendo que la mentira y la manipulación tienen patas cortas allí donde la verdad tiene más luz larga.