Tras los disturbios ocurridos los días 11 y 12 de julio pasado, como parte de la operación político-comunicacional alentada y pagada por el Gobierno estadounidense contra Cuba, han comenzado a circular en internet supuestas listas de desaparecidos.

Pero, ¿hay verdaderamente desaparecidos en el país? ¿Son reales tales listas? ¿Cuál es el procedimiento para la detención de una persona? ¿Qué límites existen para la actuación de las autoridades?

Al responder tales interrogantes, durante una comparecencia este martes en el programa Hacemos Cuba, el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), aseguró, categóricamente, que en Cuba no hay personas desaparecidas, ni de los procesos referidos a los desórdenes recientes, ni de ningún otro que se haya realizado.

«Nosotros tenemos como principio, en la Revolución, y es también lo que caracteriza la actuación de las autoridades, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la preservación y seguridad de las personas», afirmó el coronel, al tiempo que informó que Cuba es firmante de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esta postura, dijo, también fue reconocida en la Constitución aprobada por la mayoría de los cubanos y, aunque en nuestro ordenamiento jurídico no está calificado como un delito, sí existe un grupo de figuras que abarcan y sancionan a quienes comentan estas acciones, en el caso de que se compruebe la ocurrencia de una desaparición forzada.

Además, agregó, «no existe ningún establecimiento secreto para el procesamiento de las personas que, por alguna razón, o por la comisión de delitos, sean llevadas a una de las dependencias del Minint».

Respecto al proceso de detención de un ciudadano, José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales, de la Fiscalía General de la República (fgr), explicó que «los registros de este proceso, el acta de detención que es firmada por el implicado, la información sobre el detenido y la presencia de la Fiscalía en todo el proceso penal desde el inicio, contribuyen a controlar la investigación y nos permiten asegurar que en nuestro país después de 1959 nunca han existido desaparecidos». Evidentemente, de existir en el país sucesos de esta naturaleza, las denuncias en la Fiscalía, por todos sus canales de atención a la ciudadanía, serían considerables.

Sin embargo, comentó Reyes Blanco, en el año 2020, en plena pandemia, la Fiscalía atendió a más de 129 000 personas en todo el país; durante el primer semestre de este año, la atención superó las 49 000 y, a partir del día 12 de julio, por hechos asociados a los disturbios, se han dirigido a este órgano 63 personas, mayormente por la vía presencial.

«Pero ninguna de estas denuncias o reclamaciones ha estado relacionada con desapariciones», subrayó, sino con detenciones, o sea, en busca de determinada información, la cual han recibido en los lugares a los cuales han acudido los interesados.

Hoy, comentó, la Fiscalía investiga cinco reclamaciones relacionadas con inconformidades generales del proceso, pero ningún caso está pendiente por definir el lugar donde se encuentra la persona. Hay información y, más importante, la familia la conoce».

En ese sentido, el coronel Álvarez Valle señaló que, cuando una persona es conducida a una unidad policial, lo primero que se hace es asentarlo en un libro de registro, de manera manual, y se elabora su acta de detención. Por tanto, la persona conoce por qué está siendo conducida a la estación.

Después, continuó, sigue un proceso que puede ocurrir en las primeras 24 horas, que contempla su primera declaración, y las medidas que, en dependencia del delito, se puedan imponer.

«En las primeras 24 horas, la familia conoce generalmente dónde se encuentra la persona porque, además, el Minint tiene un sistema de atención e información a la población, automatizado y entrelazado entre todas las unidades, donde se asienta cada una de las personas detenidas.

«En los casos recientes, todas las familias conocen dónde están sus detenidos, han concurrido a los lugares, han entregado pertenencias con aseo personal o medicamentos puntuales; o sea, la información sobre el paradero de las personas está establecida y es auditable por los órganos de control de la Fiscalía», detalló.

Posteriormente, también hizo referencia a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual Cuba es parte y fue examinada en 2017.

Tal como se aplica en el país, el Artículo 17, específicamente, establece, entre otros elementos, que:

Nadie será detenido en secreto.

Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado parte en materia de privación de libertad, cada Estado parte, en su legislación:

Establecerá las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad.

Determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad.

Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenida únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados.

Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condiciones establecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacional aplicable.

Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial.

Por su parte, el fiscal aclaró que todas las personas detenidas tras los sucesos del 11 de julio están en capacidad de nombrar un abogado, que algunos no lo tengan responde a la elección de cada uno.

Y para desmentir totalmente las citadas listas, en otro momento del programa se estableció comunicación con uno de los supuestos desaparecidos, quien también habló de otros compañeros que engrosan los registros circulados en internet y que se encuentran en perfecto estado.

El Segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint reiteró que estas listas pierden credibilidad por la falta de datos, y porque se ha comprobado que muchos de los registrados allí nunca han sido detenidos ni entrevistados siquiera por las autoridades.

Reyes Blanco comentó que, entre los detenidos, un grupo ya ha sido puesto en libertad porque se ha confirmado que no han tenido participación delictiva, otros están con una medida cautelar no detentiva, y hay acusados en expediente de fase preparatoria, con medida cautelar de prisión provisional.

LA TORTURA NUNCA SERÁ UNA PRÁCTICA DE LAS AUTORIDADES CUBANAS

Otra matriz que se ha querido posicionar en las redes sociales pone el dardo en la ocurrencia de torturas con los implicados en las acciones desestabilizadoras.

El coronel Álvarez Valle afirmó que, «al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba. La historia de la Revolución así lo demuestra, y no es ni será práctica de los combatientes del Ministerio del Interior emplear la fuerza contra las personas procesadas». Expresó, además, que la Mayor de las Antillas es parte de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

José Luis Reyes detalló que, luego de los disturbios, la presencia de los fiscales en las unidades se ha incrementado, pues es interés conocer la opinión de los detenidos, y ello es un escenario propicio para el diálogo y para transmitir cualquier inquietud o denuncia.

La emisión de Hacemos Cuba también llamó la atención sobre una denuncia de un joven que ha escalado en las últimas horas en las redes sociales, referida a actos de violencia cometidos contra sí, tras ser detenido después de los disturbios.

Esta persona, puntualizó el coronel, está sujeta a una medida cautelar de reclusión domiciliaria por un proceso anterior, lo que implica requisitos que tiene que cumplir; sin embargo, estaba en la calle, fuera de las proximidades de su vivienda, en medio de las alteraciones del orden, lo que quebranta lo dispuesto, de lo cual fue informado.

El fiscal Reyes Blanco añadió que, entre las reclamaciones en curso en la Fiscalía, está la de este joven, pues su padre se presentó en dicho órgano. Se tomaron todos los datos y se harán las averiguaciones e investigaciones pertinentes, con total transparencia.

De surgir cualquier irregularidad, patentizó el coronel, se esclarecerían las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos, y se tomarían las medidas correspondientes, ya sea en el orden disciplinario, si fuera un combatiente, o en el orden penal si la conducta llegara a ser violatoria de la ley.

Por tanto, fueron suficientemente claros los argumentos que sostienen que en Cuba no hay desaparecidos ni torturados, y, de ocurrir o haber ocurrido alguna irregularidad en las actuaciones del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, se investigará, se darán a conocer los resultados y, de encontrarse violaciones, se tomarán las medidas que permitan la restitución de la legalidad.