Una regla elemental de convivencia, exige diferenciar al menos tres espacios: el íntimo, el privado y el público. El espacio íntimo es la zona más limitada o restringida, reservada a personas muy allegadas con quienes se comparte la vida; la intimidad entre amigos, por ejemplo, se da siempre bajo este sentido, con revelaciones intransferibles que, de incumplirse, a veces ponen en riesgo la seguridad o la integridad del otro, por lo que el manejo de sus informaciones resulta completamente confidencial. El espacio privado, que por lo general opera de manera informal o doméstica, mantiene también restricciones; sus dominios, aunque se permitan mayores libertades que los espacios íntimos, se vulneran en ocasiones de manera inadecuada. Pero el espacio público también tiene reglas, aunque sean mucho más abiertas y libres; pues si bien su uso no debe tener muchas restricciones, ello no quiere decir que se utilice indiscriminadamente, de forma tal que la acción de uno pueda afectar a otro, y que unas personas puedan aprovecharse de espacios públicos en detrimento de otras: el hecho de utilizarlo para todos no significa que se haga de manera anárquica y sin normas, y justamente los llamados “servidores públicos”, con sus respectivos cuerpos legislativos, ejecutivos y judiciales, son los responsables de definir, cuidar e imponer las pautas.

En un anterior trabajo referido al mismo tema, intenté poner algunos ejemplos de violación del espacio público por ciertos individuos, pero también autoridades públicas quebrantan lo privado con alguna frecuencia. La Policía cuando hace un registro a un domicilio, sabe que debe traer una orden judicial y presentarse con testigos. De igual manera, las autoridades del Ministerio de Salud Pública deben planificar y coordinar con los jefes de familia la fumigación a una vivienda; si bien es cierto que cuando hay una emergencia epidemiológica esa contingencia permite involucrar a más autoridades ?incluido el Ejército?, sin los requisitos de la normalidad, al regresar a esta no hay que tomar la excepción como regla, y extenderla de por vida. La planificación y coordinación de la fumigación en los hogares es un deber de todos, pero los máximos responsables de ejecutar esa tarea son las autoridades de salud, y para la intervención de la vivienda existen también reglas que no deben ser vulneradas. Se presentan muchos tipos de situaciones de variado pelaje, desde imposturas de fumigadores, hasta enfermedades o ancianidad de los inquilinos, contingencias laborales, familiares y personales. Si la planificación no se hace o se incumple, hay afectaciones en el espacio privado ocasionadas por mal trabajo de autoridades que cumplen tareas en el espacio público.

Esta lógica de intervenciones de un espacio a otro es todavía más delicada cuando se transgreden los espacios íntimos. Los padres, abuelos o jefes de familia no pocas veces invaden la intimidad de jóvenes y adolescentes, y estos últimos suelen no respetar la de los ancianos. Una cuenta personal de Internet, una gaveta o una habitación merecen respeto; exigirlo y practicarlo contribuye, desde el núcleo básico de la sociedad, a que cuando los más jóvenes en el futuro sean servidores públicos, estén preparados para actuar de manera responsable y respetuosa.

En el espacio público cualquier persona puede circular y permanecer, porque lo garantizan los derechos de propiedad pública, mas se trata de una facultad sometida a regulaciones legales que deben ser ejecutadas y controladas, y en caso de violación, reprimidas y sancionadas. No se trata de llevar a extremos el legalismo, que en nuestros países de raíz hispánica nunca ha funcionado a la perfección, pero el completo abandono de esas regulaciones ha permitido una anarquía que se está haciendo inviable.

En la compleja vida urbana que nos legó la modernidad, los conceptos de propiedad separaron los lugares públicos de los privados, por lo que resulta esencial analizar los fundamentos de cada propiedad para planear el suelo, sus usos para la vida urbana por la administración pública, la accesibilidad y las condiciones de la utilización de esas áreas por la sociedad. Evadir este debate es prolongar las raíces de los problemas existentes hoy en esos sitios, pues hay interacciones cotidianas que necesitan regulaciones legales, con toda la labor educativa de los medios, y también con la exigencia de cumplimiento y la represión por parte de las autoridades en caso de incumplimiento. El temor a que la exigencia y el rigor se aprovechen para atacar a la Revolución, cuya protección a la ciudadanía es evidente, no debe dar pie a la anarquía en las calles.

La dimensión social, cultural y política de los espacios públicos requiere de un intercambio permanente en el parlamento para que se validen desde lo jurídico las acciones que se realizan en ellos. Calles, avenidas, plazas, bibliotecas, instalaciones de educación y salud, estaciones de ómnibus, ferrocarriles y aeropuertos, y sus medios de transporte, comercios... están sujetos a normas, reguladas por la ley. En ellos existe el derecho de viabilidad, recreación, o están concebidos para intercambiar productos y servicios a nivel social, de ciudadanos que tienen derechos civiles porque pagan sus impuestos y contribuyen a mantener esos espacios, incluso el salario de los que los protegen. Cuando se cierran, hay que explicar por qué se toma esa medida; cuando se paga por entrar, el cliente tiene que conocer el servicio que recibe por ese pago. La privatización de cualquier tipo de espacio de carácter social debe ser un delito en el socialismo cubano, lo mismo por parte de administradores estatales que se hacen dueños de un bien de todos, o privados que pretenden adueñarse de zonas públicas.

Por mi barrio se remodelaron algunas tiendas cuyo diseño pareciera estar concebido para acomodar solo a sus empleados y jefes a costa de sacrificar al cliente; hace unos años estos lugares parecían bunkers, especialmente la oficina del administrador, tal vez influido por ideas militares, sin exhibir ningún producto o exponer lo que se comercializa con toda la transparencia necesaria, quizás porque algunos de los directivos de estos establecimientos comerciales, sin la experiencia necesaria para dirigirlos, estaban convencidos de que la publicidad era completamente innecesaria, y bajo determinados prejuicios que todavía no han desaparecido, uno solo tenía que comprar “lo orientado”, que es lo que estaba a la venta y lo elegido por los proveedores, no tanto según las necesidades de los usuarios sino por gustos personales u ofertas ventajosas ?para “el país” o para sus bolsillos. Esos sitios llenos de talanqueras y de requisitos para entrar, donde a veces uno tiene que caminar casi una cuadra para dejar una jaba o una cartera, y está un cabo malacara en la puerta mirando que lo hace a uno sentirse sospechoso, han demostrado ser totalmente disfuncionales y nada atractivos, aunque haya que ir allí porque no hay otra opción. En estos establecimientos comerciales estatales, tal vez para “curarse en salud”, casi siempre había un elemento rarísimo en una tienda de cosméticos o en una venta de salchichas, en que podían divisarse las fotos del administrador y de su consejo de dirección, con sus nombres y cargos, que parecían a veces sacadas del archivo de Sing Sing. Como las apariencias no suelen engañar, posiblemente varios de ellos hoy se encuentren en la cárcel, o “allá”, gracias a la Ley de Ajuste Cubano del gobierno norteamericano. Estas experiencias deberían ser evaluadas a la luz de la implantación del nuevo modelo económico y de las exigencias del comercio, posiblemente uno de los sectores menos comprendidos por muchas autoridades del país, escasamente formadas en esos fundamentos.

El debate sobre los espacios públicos no debe cerrarse, sino profundizarse aún más, con toda transparencia y sinceridad entre todos los sectores sociales, pues cada lugar de servicios a la población interactúa con diversos públicos. No debe ocurrir que ante una llamada telefónica a un establecimiento, después de incontables timbrazos, descuelguen sin contestar, como diciendo “no z&!w/?z! más”. No pueden usarse los puentes como trampolines, ni las fuentes como piscinas, ni los portales como urinarios, pero tampoco la prensa, un espacio de opinión pública socialista, para imponer la opinión personal de un directivo o funcionario consultado, por muy “esclarecido” que se considere. El uso de los espacios públicos requiere de la divulgación de las leyes que los regulan, la exigencia de su cumplimiento, la sanción a quienes las burlan, y, posiblemente, de una nueva legislación que se adecue a las circunstancias actuales.