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Este artículo pertenece a la serie América Latina y el Caribe 2021: nueva serie de Catalejo.
La tendencia a mirar la política latinoamericana y caribeña según “ciclos progresistas”, “fin del ciclo”, “la derecha contraataca”, etc., no da cuenta de los problemas, movimientos y confluencias que atraviesan la región, sus causas profundas, particularidades y conflictos. Considerándola demasiado importante para ignorar lo que transcurre en este espacio geopolítico compartido, Catalejo ha pedido a un abanico de estudiosos, casi todos instalados en esos países y subregiones, que examinen críticamente su contexto nacional e internacional. ¿En qué medida el reiterado impacto de la pandemia, los procesos electorales ya iniciados, y las convulsiones sociales y políticas que los atraviesan pueden leerse con inteligencia y realismo, sin espejuelos ideológicos, a partir de sus tramas actuales y tendencias de corto y mediano plazo? Como es costumbre, la entrada es libre.
Rumbo a la victoria y desafíos por venir
El 25 de noviembre de 2019, representantes de la COB, del Pacto de Unidad[1] y del gobierno de facto se reunieron para firmar un acuerdo de 13 puntos con el fin de pacificar Bolivia. Este documento se ciñó a garantizar: 1) Que no hubiese más asesinatos ni persecuciones contras quienes encabezaron la resistencia popular al golpe de Estado; 2) La investigación para dar con los responsables de las masacres y el resarcimiento a los familiares de las víctimas; 3) La confirmación de la realización de elecciones en 90 días; y 4) La desmovilización de los sectores movilizados.
El régimen de Áñez se había impuesto y una dirigencia social nacional asumía un papel desmovilizador en una coyuntura confusa ya que fueron las bases de cocaleros del Trópico de Cochabamba las que habían asumido la decisión de exigir el respeto al voto y la populosa Zona Sur de Cochabamba impulsó una movilización con vecinos, sobre todo jóvenes, conformando un nuevo actor político donde sobresalió la “Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida de Cochabamba”, que hizo el primer cabildo popular de Bolivia el 5 de diciembre de 2019. Entre tanto, sectores movilizados resistieron en las localidades de Montero y Yapacani, así como en barrios populosos de la capital del Departamento de Santa Cruz, en el Oriente.
La confrontación fue desigual, quienes enfrentaron a los golpistas lo hicieron desprovistos de organización, logística y financiamiento, mientras que los grupos parapoliciales y paramilitares contaban con un alto nivel de organización, capacidad logística y financiamiento,[2] además del apoyo directo e indirecto de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Solo en esas condiciones se entiende que toda esa fuerza social que empezó a responder al golpe terminara aceptando a regañadientes el acuerdo firmado por dirigentes a quienes ya no les depositaban una confianza plena.
En este escenario, en la primera quincena de diciembre, la derecha inició una campaña por la destitución de los representantes de la Defensoría del Pueblo, como la representante nacional, Nadia Cruz; la representante en La Paz, Teresa Zubieta; y el representante en Cochabamba, Nelson Cox. Igualmente se concentraron en elegir los vocales de Tribunales Electorales Departamentales (TED) de cara a los comicios agendados. En Cochabamba, la reacción popular urbana no se dejó esperar y pronto agrupaciones como la mentada Coordinadora Popular marcharon a acompañar a Cox haciendo presencia contra grupos paramilitares que habían tomado las puertas de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
De todos estos hechos fue testigo la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a Bolivia a finales de noviembre de 2019 y que, pese a la desconfianza fundada del MAS en la OEA, supo reunirse con víctimas, afectados y autoridades que denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos. Su informe final condenó las muertes y habló de “masacres”, contribuyendo a bajar la intensidad de la represión contra el campo popular.
Ya en 2020, la conmemoración por el aniversario de la creación del Estado Plurinacional, el 22 de enero, congregó a cientos de miles de personas en Cochabamba, visibilizándose públicamente el rechazo a Áñez y su pandilla, y el apoyo al MAS. Era un día lluvioso que vio el clamor y el enojo popular vigoroso y con ganas de revancha, mientras los asistentes se emocionaron al escuchar la voz de Evo Morales desde Argentina.
Las tensiones al interior del amplio espectro que representa al MAS terminaron de ceder ante la consigna de unidad contra el golpismo y la urgencia de designar al binomio presidencial, ya que el nuevo TSE había fijado el 3 de mayo como la fecha de elecciones, transgrediendo los 90 días acordados, designación que recayó en Luis Arce y David Choquehuanca, ambos exministros en las carteras de Economía y Relaciones exteriores respectivamente.
La derecha movilizó sus fuerzas en la búsqueda de anular la sigla del MAS e impedir la inscripción de Arce y Choquehuanca como candidatos, debido a la presunción de culpabilidad en supuestos casos judiciales en su contra. Pero la movilización popular se hizo presente, alertando su rechazo y poniéndose en apresto de tomar medidas radicales en caso de oficializarse la censura.
En ese momento de inicios de conflictividad, entre enero y marzo de 2020, la pandemia del coronavirus irrumpió en Bolivia, decretándose una cuarentena rígida en todo el territorio nacional el 22 de marzo, lo que condujo a la prórroga del régimen de Áñez y la postergación de las elecciones dos veces más, para finalmente definirse su realización el 6 de septiembre.
No cabe duda de que la crisis sanitaria fue macabramente utilizada por la derecha para llevar adelante, con militares y policías en las calles, un proceso de disciplinamiento social y la represión sistemática de dirigentes sociales, sindicales y políticos, misma que, por las condiciones socioeconómicas del país,[3] tuvo que estrellarse con una economía popular endeble que obligó a amplios sectores de la ciudadanía a exigir el levantar la cuarentena para poder salir a trabajar y proveer a sus familias de alimentos y otros insumos necesarios, como el pago de servicios y deudas. La respuesta del Gobierno fue brutal, con represión y persecución política, mientras la reacción popular se concentró en la protesta a nivel territorial, en espacios locales. Estos enfrentamientos engrosaron el número de detenidos y detenidas políticas, entre ellas Lucy Escobar, candidata suplente a la primera senaduría por Cochabamba.
La represión no acalló las protestas populares, por lo que en agosto, frente a la determinación del TSE de postergar nuevamente la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y la posibilidad real de que se proscribiera al MAS, el pueblo salió a las calles y a las carreteras, generándose una gran movilización nacional que pedía democracia. Vale detenerse en el hecho de que la movilización fue desde la base, ya que las estructuras del MAS no habían convocado a la protesta, y que formalmente la COB asumió ese rol, aunque no tenía la capacidad de articulación nacional ni control de esta. En efecto, la movilización no tuvo dirección clara, ni supo gestar una demanda común, pero consiguió lo fundamental: definir una fecha inamovible para las elecciones generales, 18 de octubre, y que no se proscribiera al MAS y a sus candidatos.
Las elecciones dieron el triunfo del MAS con el 55,1% de la votación, con una masiva participación y una presencia protagónica de veedores internacionales, que coincidieron en la transparencia del proceso electoral. La diferencia entre el MAS y el partido de Carlos Mesa fue tan contundente que esta vez no pudieron objetar los resultados.[4]
La derecha ha intentado patalear contra esta victoria, pero el pueblo boliviano ha reconquistado la democracia y se encuentra en la tarea histórica de definir un nuevo rumbo para superar los errores que hicieron posible un golpe de Estado.
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Bibliografía
Alcócer Hurtado, Mauro. “El debate sobre Bolivia y el rol de García Linera en el estancamiento del Proceso de Cambio”, La Época, 20 de mayo de 2020.
Brignole, Alejo. “Triunfo del MAS en Bolivia… ¿Y ahora qué?”, Correo del Alba, Bolivia, 22 de noviembre de 2020.
Larraín, Javier. “En exclusiva. Luis Arce sin censura”, Correo del Alba, Bolivia, 23 de marzo de 2020.
Moldiz, Hugo. Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales, Ocean Sur, Australia, 2020.
Movimiento Guevarista de Bolivia. Colección de revista Maya, No. 47 (Nov.-2019); No. 48 (Dic.-2019); No. 49 (May.-2020); No. 50 (Jun.-2020); No. 51 (Jul.-2020); No. 53 (Sept.-2020); No. 54 (Oct.-2020).
Ríos, Boris. “Odio de clase y horizonte en Bolivia”, Correo del Alba, Bolivia, 24 de abril de 2020.
--------------. “Golpe de Estado en Bolivia: ideas para un debate crítico”, Correo del Alba, Bolivia, 2 de julio de 2020.
--------------. “El medio, un lugar para la derrota de la izquierda”, La Época, Bolivia, 24 de agosto de 2020.
--------------. “‘Coincidir con la derecha’: reflexiones luego de un golpe de Estado en Bolivia”, Correo del Alba, Bolivia, 24 de septiembre de 2020.
Viaña, Jorge. “El ciclo estatal de las luchas en Bolivia (2006-2019): crónicas de una muerte anunciada y la política actual”, artículo inédito, Bolivia, febrero de 2020.
[1] El Pacto de Unidad es una alianza conformada en 2002 entre organizaciones sociales, sindicales y campesinas con una mirada de izquierda indigenista.
[2] Las jornadas de octubre-noviembre exhibieron tres cosas inéditas en Bolivia: 1) Bandas paramilitares apertrechadas y con formación y despliegue de lucha, asistencia médica, jefaturas territoriales, entre otras; 2) Protagonismo de extranjeros, venezolanos y colombianos, en el “campo de batalla” y las calles; 3) Empleo de armamento de alto poder de fuego, como bazucas hechizas, entre otros.
[3] El empleo informal se empina sobre el 60% de la fuerza laboral, por lo tanto la cuarentena rígida fue imposible de sostener cuando la población en masa empezó a golpear las cacerolas por las noches al grito de: “Tenemos hambre”.
[4] La contundente victoria ha posibilitado que MAS obtenga mayoría absoluta en las dos cámaras del Parlamento, al asegurarse 21 de los 36 senadores y 78 de los 130 diputados.
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