Este artículo pertenece a la serie América Latina y el Caribe 2021: nueva serie de Catalejo.

La tendencia a mirar la política latinoamericana y caribeña según “ciclos progresistas”, “fin del ciclo”, “la derecha contraataca”, etc., no da cuenta de los problemas, movimientos y confluencias que atraviesan la región, sus causas profundas, particularidades y conflictos. Considerándola demasiado importante para ignorar lo que transcurre en este espacio geopolítico compartido, Catalejo ha pedido a un abanico de estudiosos, casi todos instalados en esos países y subregiones, que examinen críticamente su contexto nacional e internacional. ¿En qué medida el reiterado impacto de la pandemia, los procesos electorales ya iniciados, y las convulsiones sociales y políticas que los atraviesan pueden leerse con inteligencia y realismo, sin espejuelos ideológicos, a partir de sus tramas actuales y tendencias de corto y mediano plazo?  Como es costumbre, la entrada es libre.

Durante los casi dos años de política fracasada de parte de la administración Trump por derrocar el gobierno de Maduro y de hacer valer la supuesta presidencia “interina” de Juan Guaidó, siempre fue un objetivo simultáneo y recurrente el de suprimir los nexos económicos de cooperación entre Venezuela y Cuba. No obstante, Maduro ha sobrevivido a un vendaval de agresiones económicas y políticas, incluyendo los repetidos llamamientos de los más altos funcionarios de EE.UU.  (Trump, Pompeo, Bolton, Abrams, Rubio, Claver-Carone y otros) en favor de un levantamiento militar. ¿Cómo explicar semejante fracaso, considerando el poderío de EE.UU.  y sus aliados en contra de Caracas, y su uso de recursos de presión, con excepción hasta ahora de la intervención militar directa? En varias ocasiones, se han advertido signos en Washington que apuntan a reconsiderar el tratamiento del caso venezolano y la alternativa Guaidó. Con respecto a Cuba, con no menos agresiones y presiones en el mismo período, el fracasado empeño no es menos sonado.

Sin embargo, es ya posible advertir la configuración de dos tendencias que bien pudieran apuntar claramente hacia derroteros más constructivos, que tienden a hacer cada vez más insostenible la posición de EE.UU. y sus aliados en nuestro hemisferio y con la Unión Europea, que lo secundaron en enero del 2019. Esas tendencias interactúan muy estrechamente, e insinúan perspectivas muy diferentes a las que han prevalecido hasta ahora.

Ambas tienen como premisa el desenlace electoral en EE.UU., con un escenario probable de victoria de Joe Biden por el Partido Demócrata. Según una primera tendencia, manifiesta en comentarios recientes, Biden parece aún arrastrar cierto legado que atribuye a Cuba todo lo que ocurre en Venezuela, en connivencia con China y Rusia. En esta lógica, cualquier mejoría de relaciones con Cuba estaría sujeta a que esta rindiera sus relaciones con Venezuela, si deseara retomar un rumbo hacia la normalización.

La segunda tendencia, que soslaya la premisa de que La Habana renuncie a sus relaciones con Caracas, pudiera llevar a la nueva administración de Biden a repensar su aproximación a la crisis venezolana. La principal razón sería que esta crisis está experimentando un giro notable hacia una solución pactada en torno a las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre (6D), como estipula la constitución del país y que ha venido animando la propuesta planteada por el Gobierno de Maduro desde el pasado año.

Interpretar las señales hacia una modificación fundamental de la crisis venezolana requiere un examen en profundidad. Desde el pasado año, cuando se comenzó a debatir el tema de las elecciones parlamentarias, el Gobierno de Maduro se enfrentó a un rechazo unánime de parte de los factores de la oposición, especialmente, el bloque encabezado por el parlamentario Juan Guaidó y su “presidencia interina,” opción promovida y apoyada por EE.UU. desde el primer día y que forzó a sus aliados europeos y otros a sumarse. Esta acción concertada, junto con la guerra económica total desatada contra el gobierno venezolano, prometía un colapso a corto plazo, unido a repetidos llamados a las fuerzas armadas para ejecutar una salida golpista. Todo resultó infructuoso e inútil.

A estas alturas, ha tenido lugar un importante replanteo. La oposición, integrada por decenas de menores y minúsculos partidos con uno o dos diputados, y otras agrupaciones, está dominada por cuatro principales: Primero Justicia (33 diputados), Acción Democrática (25 diputados), Un Nuevo Tiempo (18) y Voluntad Popular (14). Este bloque comienza a descomponerse en un abanico de diversas y encontradas tendencias, cada vez más crecientes en reconocer los repetidos fracasos de Guaidó y sus partidarios, dentro y fuera del Partido Voluntad Popular y de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), y en cuestionar su liderazgo, erosionado por dos años de repetidas derrotas, incluida la fallida tentativa golpista del 30 de abril del año en curso.

A fines de agosto del presente año, la encuestadora Hinterlaces revelaba una evaluación negativa del 72% para Guaidó. Ya en septiembre, corresponsales extranjeros en el terreno, concluían que “el desgaste de Guaidó se precipita”.  En esa misma dirección, un columnista especializado de la cadena Bloomberg destacaba que, en 2019, Guaidó y sus proyectos gozaban de un 63% de aprobación; mientras que a la altura de septiembre del año en curso dicho nivel de aprobación se reducía a 25.5%. Con fina ironía, el dirigente político opositor Henrique Capriles caracterizaba al supuesto “gobierno interino” de Guaidó como “Gobierno de Internet.”

Nada de lo anterior, sin embargo, conlleva minimizar el respaldo de que Guaidó sigue gozando, por parte de decenas de fracciones de la oposición, además del monopolio del apoyo internacional encabezado por EE.UU.

El viraje inicial en la crisis venezolana partió de un actor insospechado por su pasada hostilidad hacia el Gobierno de Maduro, la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal en su declaración, subrayó como principio la idea de que “Abstenerse no basta”, frase dirigida contra las propuestas abstencionistas de Guaidó. De manera bien explícita, la Conferencia abogó en favor de que todas las fuerzas políticas del país participaran del proceso electoral del 6D. Este insólito episodio se explica tanto por su creciente alarma ante las tensiones sociales y políticas acumuladas en estos dos años, como por la probable consulta de la Conferencia Episcopal con el Vaticano, y de este con Washington.

A este viraje se han sumado el dos veces candidato presidencial y figura clave del partido Primero Justicia y de la coalición Fuerza del Cambio, Henrique Capriles, seguido por Stalin González, vicepresidente de la actual Asamblea Nacional, ex-dirigente de la agrupación política Un Nuevo Tiempo (UNT) y considerado hasta hace poco uno de los aliados principales de Guaidó en la MUD. Capriles resume su opción en los términos siguientes: “No le vamos a regalar la Asamblea Nacional a Maduro. Convoco a la gente a movilizarse”. No obstante, incluso dentro del propio partido de Capriles hay figuras dirigentes como Julio Borges y Miguel Pizarro, que siguen alineados con Guaidó. Algo parecido también ocurre en Acción Democrática (AD), donde la posición oficial en favor del abstencionismo, representada ahora por Henry Ramos Allup, se ve confrontada por una fracción que promueve la participación electoral, sumada a una nueva coalición, la Alianza Democrática.

Esta Alianza Democrática llama a la activa participación de las elecciones, habiendo completado todos sus trámites de inscripción y candidaturas en 24 Estados y ocho circunscripciones del país. Constituida a comienzos de septiembre como evolución de lo que fuera durante algunos meses del presente año la Mesa de Diálogo Nacional, está integrada por cinco partidos: el histórico y declinante COPEI, El Cambio (fracción del no menos “histórico” Acción Democrática), Cambiemos, Esperanza para el Cambio y Avanzada Progresista. Sus cabezas más visibles, Johel Orta Moros (COPEI) y Javier Bertucci (El Cambio) han invitado a Capriles a que se les sume, lo que éste ha declinado hasta ahora.

En la ultraderecha delirante y pro-intervención de EE.UU., cada vez con menos partidarios, se encuentra la diputada María Corina Machado, con su agrupación Vente Venezuela, caracterizada como demencial por Capriles. Luego de gestiones para una posible alianza con Guaidó, Machado rechazó la última propuesta de este en el sentido de formar una nueva coalición conocida como Pacto Unitario, que convoca al abstencionsimo y al rechazo ante cualquier arreglo con las autoridades venezolanas.

La postura de Capriles, y de aquellos que en número creciente se le suman, junto a la formación de la Alianza Democrática y otros episodios menores, en apoyo al llamado del Episcopado, erosionan notablemente todas las opciones abstencionistas, así como el protagonismo de Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledesma y otros.

Este giro de Capriles, la Alianza Democrática y las otras agrupaciones menores, se basa en reclamar que su participación deba estar precedida de garantías gubernamentales que aseguren el éxito del 6D. Capriles, en particular, ha insistido en la necesidad de que las elecciones tengan la debida supervisión internacional y muy en especial de observadores de la Unión Europea (UE). Al respecto, ha razonado muy recientemente que “Europa tiene una oportunidad histórica para que Venezuela recupere la democracia”. Este planteamiento sucede a la invitación cursada por el Gobierno de Maduro semanas atrás a la ONU y a la UE para que participen como observadores de las elecciones del 6D.

 La participación de Bruselas todavía está pendiente de que Maduro acepte una posposición y haga algunas otras concesiones para asegurar una mayor transparencia. El Alto Comisionado de Seguridad y Política Exterior, Josep Borrell, muestra ahora una mayor disposición a participar que en ningún otro momento, aunque insistiendo en que los plazos para organizar un cuerpo de observadores para el 6D son muy cortos y que es necesario un aplazamiento temporal para acometer los preparativos. En términos muy similares se ha expresado, a mediados de septiembre, la canciller del Gobierno español. Para Capriles, Stalin González y otras figuras partidarias o inclinadas a participar del 6D, “esta es la mejor opción,” y han expresado que sin esa observación internacional, boicotearían las elecciones.

Desde septiembre, han emergido dos acontecimientos que amenazan con entorpecer seriamente el posible desenlace del 6D y de los probables  virajes señalados. El primero es un informe del grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, promovido por su presidenta, la chilena Michelle Bachelet, para evaluar la situación en Venezuela. Este informe responsabiliza al Gobierno de Maduro por numerosos crímenes contra sus opositores, al extremo de calificarlos como de lesa humanidad. El Gobierno venezolano lo ha rechazado, mientras que la UE no se ha pronunciado al respecto.

Violencia y no pocas muertes ha habido de parte y parte en la escena venezolana algunos años atrás, en los intentos por derrocar el Gobierno de Maduro, pero entre eso y los “crímenes de lesa humanidad” hay diferencias abismales. A ninguno de los actores que hoy propician la participación en las elecciones del 6D (Iglesia Católica, Capriles, Stalin González y todos los demás), ni en sus críticas y demandas al Gobierno de Maduro se les ha ocurrido enarbolar ni suscribir esa tesis, como si Caracas fuera una suerte de Auschwitz. Por otro lado, con este informe, la ONU responde indirectamente a la solicitud de Caracas para que envíe observadores al proceso electoral del 6D.

El informe de la Comisión de Derechos Humanos ha sido utilizado por Guaidó y sus partidarios para tratar de recuperar algo del terreno perdido, incluyendo una dosis adicional de apoyo por parte de EE.UU. Al respecto, el más alto funcionario de la administración Trump encargado del tema Venezuela, Elliot Abrams, advertía que no será suficiente aplazar las elecciones parlamentarias, e insiste en el fin del Gobierno de Maduro. Otro tanto ha hecho el Secretario de Estado, Pompeo, en su breve gira por Suriname, Guyana y Colombia. En Europa, la cancillería alemana se destacó con una declaración muy similar a la de Abrams, y su demanda de que Guaidó asumiera la presidencia, usando un lenguaje estancado en los albores del pasado año.

El segundo acontecimento lo ha propiciado el Grupo de Contacto de la UE para el caso Venezuela y algunos acompañantes menores de América Latina reunidos en Bruselas para debatir su posible participación en las elecciones del 6D como observadores. En esa reunión, a mediados de septiembre, justo después del informe de la ONU, este Grupo de Contacto fijó su posición en los términos ya anunciados por Borrell: la UE participaría como observadora si el país realiza “importantes cambios” en su sistema electoral y en los plazos, y sugieren un aplazamiento que abarcaría el primer semestre del 2021. Cabe anotar que esta declaración de la UE no apoya ni alude al informe de la ONU, al menos hasta ahora.

Todo lo anterior representa serias amenazas para las elecciones del 6D y complican seriamente las posibilidades de celebrarlas con una amplia participación de sectores de la oposición y con observadores de la ONU y la UE. Realizarlas sin estos factores tendería a anular las potencialidades del proceso electoral en sus vertientes de validación y legitimidad. Si concurrieran solo los partidarios de Maduro, se trataría de un viraje nada beneficioso o conveniente para el Gobierno venezolano.

Aunque hasta ahora el Gobierno de Caracas se ha negado a cualquier posposición, las presiones adversas originadas por el informe de la ONU y la respuesta de la UE pueden aconsejarle considerar la variante del aplazamiento, a fin de asegurar la participación de todas las fuerzas de la oposición hasta ahora dispuestas a hacerlo, así como a garantizar el concurso de la UE como observadores.

Objetivamente, los tiempos en que el chavismo ganaba las más amplias mayorías han quedado atrás, especialmente luego del fallecimiento de Chávez. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha sufrido también rupturas, deserciones y desgaste. De hecho, el actual gobierno refleja una parte del chavismo, pero este como movimiento social y político es hoy mucho más, y aunque diverso y desorganizado, representa un enorme caudal electoral, cuyo comportamiento en las próximas legislativas todavía es una gran incógnita.

Muchos han sido los factores que explican el desgaste del gobierno. En primer lugar, la debacle económica que sobrevino del colapso de los ingresos petroleros desde el 2013, seguida por las agresiones económicas sin precedentes adoptadas por la administración Trump. En segundo, la ineficiente gestión económica que ha desembocado en una gigantesca inflación, escaseces y no pocos casos de corrupción de todo tipo, en un país cuyas riquezas naturales (petróleo, oro, diversos minerales, tierras fértiles, etc.) son inmensas. En la actualidad, la escasez en el abastecimiento de gasolina resulta difícilmente comprensible para muchos ciudadanos.

También ha sufrido el impacto de la pérdida de su mayoría en la Asamblea Nacional, el intento por desafiar a la mayoría opositora con la organización de una Asamblea Constituyente dominada por el Gobierno, la disolución final de esta, y el regreso de los chavistas a la Asamblea Nacional, donde hasta hoy siguen en minoría. No menos elocuente resulta el elevado abstencionismo (más de un tercio del electorado) en las últimas elecciones, donde incidió un elevado porciento proveniente de las propias filas del chavismo.

Si los factores de oposición que pueda agrupar Capriles y sus aliados ganaran una mayoría simple o de dos tercios en la nueva Asamblea Nacional, semejante bloque debería, junto a los espacios de negociación y compromiso que pueda articular Maduro, aceptar un período de co-habitación “a la francesa” (hipótesis siempre rechazada por Guaidó), donde Capriles sería probablemente el candidato presidenciable con mayores posibilidades, en tanto que Guaidó y su “presidencia interina” quedarían completamente anulados. No debe olvidarse que la Asamblea Nacional en su composición actual de 167 miembros, cuenta con 52 diputados del PSUV, sumando algunos aliados menores en la coalición Gran Polo Patriótico (GPP). Esto significa que ninguna fuerza política hoy puede asegurarse la mayoría absoluta consistente en las tres quintas partes de los diputados de la Asamblea Nacional.

Un curso probable de los acontecimientos de acuerdo a estas tendencias y variantes, llevaría al bloque de Guaidó a la bancarrota política irreversible y a la crisis a mayor o menor plazo del andamiaje económico y político-diplomático impulsado por Trump. Como eventual subproducto, en caso de prevalecer el escenario de una victoria de Biden y de elecciones supervisadas por la UE en Venezuela, se haría más probable una reactualización del proceso de normalización de relaciones entre Cuba y EE.UU.

Considerando todos los posibles escenarios, el de mayor signo negativo sería, naturalmente, la reelección de Trump. En este caso, el gobierno de Venezuela podría considerar, incluso con más fuerza, la conveniencia de que la UE (fórmula Borrell) se distanciara de la política de EE.UU. [1]hacia Venezuela, lo que aconsejaría atemperar y reorientar sus acciones hacia una Venezuela diferente y cambiante.