*Caracas/Venezuela

Este artículo pertenece a la serie América Latina y el Caribe 2021

La tendencia a mirar la política latinoamericana y caribeña según “ciclos progresistas”, “fin del ciclo”, “la derecha contraataca”, etc., no da cuenta de los problemas, movimientos y confluencias que atraviesan la región, sus causas profundas, particularidades y conflictos. Considerándola demasiado importante para ignorar lo que transcurre en este espacio geopolítico compartido, Catalejo ha pedido a un abanico de estudiosos, casi todos instalados en esos países y subregiones, que examinen críticamente su contexto nacional e internacional. ¿En qué medida el reiterado impacto de la pandemia, los procesos electorales ya iniciados, y las convulsiones sociales y políticas que los atraviesan pueden leerse con inteligencia y realismo, sin espejuelos ideológicos, a partir de sus tramas actuales y tendencias de corto y mediano plazo?  Como es costumbre, la entrada es libre.

Analizar las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela programadas para el 6 de diciembre de 2020 plantea considerar una variedad de aspectos. Entre estos están la identificación de sus principales actores, sus objetivos e intereses, los escenarios o dinámicas posibles de acción, así como los efectos de su realización para cada actor y en cada escenario probable. Aunque se trata de un evento nacional, este no escapa a su contexto mundial, y significación en el entorno geopolítico internacional y sus contradicciones, en un proceso histórico que forma un sistema vivo, con los seres humanos en el centro.

Por razones de espacio, este artículo se concentra solo en examinar la viabilidad de estas elecciones.  Para considerarla, es necesario empezar por caracterizar el sistema político y el orden jurídico venezolanos, en particular, los cinco poderes que constituyen el Estado, y sus rasgos principales.                 

El Ejecutivo, con un poder muy concentrado en la figura presidencial, dispone, dentro del marco constitucional y las leyes de la República, de la administración de las riquezas nacionales, los activos del país, y comanda las fuerzas armadas. Posee muy limitado poder legislativo, a no ser que la Asamblea Nacional, delegue estas funciones, como sucedió desde 2005 hasta 2015, cuando Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro fueron dotados de capacidades habilitantes para legislar y, de conjunto, aprobaron más argumentos legales que el parlamento.

Su máxima figura se elige cada sexenio a través del voto directo y secreto. Los gobiernos estaduales y municipales forman el segundo y tercer nivel de este Poder ejecutivo, cuyos máximos representantes son elegidos por el voto directo de sus ciudadanos a nivel territorial, e interactúan dentro de la relativa independencia que les da el orden legal imperante.

El Poder legislativo está integrado por los diputados electos cada 5 años, mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos mayores de 18 años, inscritos en el padrón electoral. Forman la Asamblea Nacional (AN) con 167 diputados. Según decisión de junio de 2020 del Poder electoral, para la potencial elección del 6/12 este órgano se amplía con más de 100 nuevos curules, o sea, se elegirán 277 diputados y sus respectivos suplentes. Este salto importante en el número de escaños no está del todo fundamentado para el gran público. Algunos han estimado que esta decisión contradice la Constitución nacional, que en su artículo 186 establece un índice de 1,1% para la base poblacional, de manera que se mantenga relativamente estable la cantidad de diputados.  El aumento de 66% en la cantidad de curules a elegir se cuestiona sobre la base del crecimiento más bien negativo de la población, debido a los millones de migrantes de estos años. (https://talcualdigital.com/cne-amplía-a-277-la-cantidad-de-curules-de- la-asamblea-nacional/)

La función principal de la AN es elaborar las leyes de la nación, controlar su cumplimiento y en especial al Ejecutivo, que debe rendir cuentas de su administración y uso de los recursos utilizados, su accionar internacional y someter a su aprobación el presupuesto y los actos más importantes de la política exterior. Es el órgano encargado de reformar parcialmente la Constitución, y además, nombrar a los integrantes y representantes de los otros poderes públicos: el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y el Poder Electoral.

Cada estado y municipio tiene su propia cámara legislativa con funciones similares a la AN dentro de su ámbito y potestades, siempre que no coliden con los actos de los entes superiores

Para analizar la viabilidad de las elecciones programadas es necesario tomar en cuenta factores políticos (de "equilibrio de poderes" y de ordenamiento legal), económicos, tecnológicos, naturales, y de otra índole, como es la presencia de la pandemia del SARS-CoV2 y su efecto el Covid-19.

Tomando en cuenta los 5 años del mandato de los diputados de la AN, lo establecido ha sido que la nueva legislatura asuma cada 5 de enero sus funciones, y que cada diciembre anterior se realicen elecciones para renovar o repetir los cargos. Ahora bien, si se analiza la historia más reciente de Venezuela, se aprecia que, a pesar de las disposiciones legales y por diversos motivos no tan críticos como la pandemia del Covid-9, se han pospuesto o adelantado los plazos electorales de diversos eventos.

Es útil recordar que se cambiaron fechas en otros momentos por parte del CNE, para elecciones de alcaldes y gobernadores, en las elecciones de los diputados regionales y se adelantaron, entre 1999 y el presente.  En 2000, por ejemplo, se realizaron las mega elecciones de junio, tras la necesidad de renovar todos los poderes del país, dentro del nuevo marco constitucional, que demando un periodo de gobierno de 6 años para el presidente, de 5 para los diputados de la unicameral Asamblea Nacional y de 4 años para alcaldes y gobernadores.

En 2012, se realizó la elección presidencial en el mes de octubre, con el candidato del gobierno muy enfermo. Si el evento se hubiera convocado en el último mes del año,  él  no habría podido realizar campaña, tomando en cuenta  que su última aparición pública fue el 8 de diciembre de ese año, cuando expresó su deseo de que, si algo le pasara, el actual presidente fuese elegido como su sucesor. En 2018, sin una explicación pública clara ni suficientemente fundamentada, se adelantaron las presidenciales al 1 de abril, y se realizaron en mayo, sentando un precedente de más de un semestre de un posible ganador opositor que hubiera coincidido con un gobierno en ejercicio, en una cohabitación que finalmente no ocurrió.

Si ahora no se posponen, se puede deducir que está dominando el interés del gobierno ante  demandas de política interna y razones de peso, determinantes de la importancia dada al evento, y buscando recuperar una parte del poder del estado, que no controla desde enero de 2016,  tras perder las elecciones de diputados de diciembre de 2015 por más de dos millones de votos,  y quedar en minoría en el parlamento, donde los opositores ganaron las dos terceras partes, lo que les permitía elaborar o desaprobar leyes orgánicas.

Este órgano fue declarado irrito desde 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia, alegando diferentes violaciones del orden Constitucional, siendo infuncional desde entonces. Su presencia se vio duplicada desde el 5 de enero de 2020 en dos asambleas nacionales, acto difícil de entender, una de los cuales fue reconocida por el gobierno y la otra, desde 2019, por unos 50 gobiernos, encabezados por Estados Unidos.

Técnicamente no se presentan obstáculos mayores para la realización de las elecciones. Esto es así, a pesar de que hace un tiempo, y de manera no fácil de explicar, un incendio destruyó los almacenes del Consejo Nacional Electoral, donde se resguardaba la casi totalidad de la tecnología empleada en la ejecución y emisión del voto desde los centros electorales de cada circunscripción, y donde eran recibidos en los centros de totalización centrales, para ofrecer los resultados de los distintos eventos electorales.

El CNE ha programado los plazos de actualización del registro electoral, las más de una decena de auditorías de los partidos al sistema de soporte, los pasos para que los inscriptos en el padrón electoral pudieran cambiar de dirección y centro de votación, dar de baja a los fallecidos y la inscripción de los nuevos votantes. Todo esto ya se cumplió a la altura del 13 de setiembre de 2020, aunque con ciertos reclamos de actores políticos que pidieron la ampliación de plazos. Se cumplió igualmente la inscripción de los aspirantes a los 277 cargos de diputados en disputa, tanto en las listas nacionales de los partidos, a nivel nacional y regional, más los aspirantes a ser electos por votación uninominal a nivel de las 87 circunscripciones nacionales existentes. Esta actividad se culminó el 4 de septiembre de 2020, así como los correspondientes contactos e inversiones para los soportes técnicos y de software a ser utilizados, ya que la histórica Smartmatic rompió vínculos con el CNE y el gobierno tras su acusación pública de que se había sumado sobre un millón más de votos en la elección de los constituyentes en julio de 2017.

Además de no apreciarse limitantes tecnológicas capaces de afectar el evento, tampoco se plantean problemas económicos, ya que el Ejecutivo dice contar con los recursos internos y externos necesarios para desarrollarlo. Este debería resultar más costoso que los anteriores, ya que se proyecta realizarlo en medio de la pandemia, lo que implica medidas extras de protección de bioseguridad, para limitar contagios, tanto de los encargados de custodiar el evento (Plan República /FANB) y el personal de apoyo electoral, los centros de votación, mayoritariamente centros escolares, como los millones de ciudadanos que se suponen deberán acudir a las urnas, seguramente en más de una jornada de votación, lo que generaría costos adicionales, como suele ocurrir en este tipo de eventos  de elección popular.

Aunque no se plantean limitaciones jurídicas, tecnológicas o económicas que lleguen al extremo de impedir la realización del evento de elección del 6/12, ello no significa que estén plenamente cubiertos y garantizados, en medio de una caída continua, desde los últimos años, de la economía nacional, según se pronostica que se prolongue en este 2020.

En efecto, a la altura de agosto de 2020, apenas se estaban produciendo alrededor de 400 mil barriles de petróleo, tal vez menos, lo que limita extraordinariamente el poder económico del gobierno, en medio de una fuerte contracción de la oferta de gasolina en el país, con un sistema de refinerías colapsado por falta de mantenimiento y obsolescencia tecnológica, además de una hiperinflación que, junto a otros problemas, incrementa la pobreza a niveles anteriores a 2012. Todo este panorama crítico se potencia, naturalmente, por el marco de sanciones económicas y políticas directas de Estados Unidos y otros países, y hacen aún más complicada la vida de la nación. A pesar de todo, la viabilidad de las elecciones no parece estar en juego.

Las condicionantes objetivas que sí podrían afectar su realización estarían determinadas por la presencia de un evento climático tipo deslave del estado Vargas en 1999, o el desborde de la pandemia del SARSCoV2. Aunque el gobierno plantea tenerla controlada con su sistema del 7 x 7, es decir, 7 días de flexibilidad económica y otros 7 de cuarentena radical, el comportamiento de los niveles de contagio de julio y agosto y hasta el 12 de setiembre, como promedio, rondaba mil casos diarios, así como el crecimiento de los enfermos activos, que podrían crecer y limitar el acto electoral, si se descontrola su expansión.

A nivel político, no se ven factores que puedan impedir las elecciones, aunque una parte de la oposición promueve no participar en la votación, lo que no equivale a bloquearlo, mientras otra parte promueve participar y, por tanto, refuerza su viabilidad.

Más fuerte que estas tendencias sigue siendo la posición del partido de gobierno y del máximo nivel del Ejecutivo, quienes plantean mantener las elecciones bajo cualquier condición. Solo acontecimientos que amenazaran la seguridad nacional podrían incidr sobre este plan. En el actual contexto político, sin embargo, no es probable un levantamiento militar, dado el alineamiento político del alto mando de las Fuerzas Armadas; ni una insurrección popular, a pesar de la existencia de continuas protestas, algo muy difícil de prever, tomando en cuenta la historia de violencia antecedente, y eventos como el Caracazo (27 de febrero-8 de marzo, 1989).

Otros acontecimientos políticos, estos exógenos, que podrían amenazar el evento serian una guerra con Colombia, o una agresión militar de Estados Unidos y sus aliados. Estos son muy poco probables en las condiciones imperantes, aunque podrían variar, según el resultado de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre de este año.

Entre los principales factores políticos que participan en este complicado panorama están el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las fuerzas nacionales e internacionales que lo apoyan y están a favor del evento; las fuerzas políticas y económicas que, sin estar dentro de la oposición tradicional, disienten del proyecto y su estrategia actual, en particular, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aunque participarían en las elecciones; las fuerzas políticas y económicas de la oposición, divididas entre las que se oponen a la celebración de las elecciones, y  las dispuestas a participar en ellas, que reconocen el lugar  y el poder del gobierno, y hasta han formado una cierta coalición para ir unidas  a las elecciones.

Todo lo anterior apunta a que las fuerzas a favor del evento son mayores que las encaminadas a frenar su realización. Cuáles son los intereses y aspiraciones de los actores a favor y en contra, en un escenario complejo, dentro y fuera, y cuáles podrían ser sus efectos positivos y negativos, requeriría un examen de escenarios más amplio y detallado.

En cualquier escenario, el PSUV necesitaría ganar esta elección por dos terceras partes, pues si no las obtuviera, no podría aprobar por mayoría suficiente las leyes orgánicas y elegir directiva, lo que podría tener consecuencias muy negativas.

Este artículo pertenece a la serie América Latina y el Caribe 2021